Ayer se publicó en el BOE, tras las reuniones celebradas entre el Gobierno y el PSOE, el RD-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.
Este Real Decreto-ley tiene por objeto la adopción de medidas que contribuyan a paliar la situación de los deudores hipotecarios más perjudicados por la situación actual de crisis económica, con el fin de evitar la exclusión social de estos colectivos.
Con carácter previo a una reforma más profunda que aborde el tratamiento jurídico de personas físicas en situación de especial endeudamiento, el RD-ley adopta con carácter de urgencia las siguientes medidas:
A propósito de paliar la situación de las familias que se hallen inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria en el que todavía no se haya ejecutado el lanzamiento se acuerda la suspensión inmediata por un plazo de dos años de los desalojos previstos. A esta medida no puede acogerse cualquier familia sino solamente aquellas que se encuentran en una situación de riesgo de exclusión, entendiendo por tales las que cumplan los requisitos señalados en los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 1 del RD-ley.
Se protege así, especialmente, a las familias numerosas; a las monoparentales; a las que tengan menores de tres años, discapacitados o dependientes a su cargo; desempleados sin derecho a percibir prestaciones sociales y víctimas de violencia de género.
Además los ingresos familiares de los beneficiarios de esta moratoria no puede superar los 1597 €, tiene que tratarse de familias que en los últimos cuatro años hayan sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, que la cuota hipotecaria que soporten supere el 50% de los ingresos netos del núcleo familiar y que la hipoteca recaiga sobre la primera vivienda
Por otro lado, y puesto que esta norma no es aplicable a familias que ya han perdido ya su vivienda, se insta al Gobierno para la creación de un fondo social de viviendas que estará formado por viviendas propiedad de las entidades de crédito, para que estas familias puedan alquilarlas a baja renta.
Sin duda estas medidas pueden suponer un respiro para numerosas familias españolas cuyas expectativas económicas se han visto desbordadas desde el comienzo de la crisis.
