El pasado sábado se celebró en Valencia una interesante tertulia literaria jurídica moderada por el antiguo alumno de la Universidad CEU-UCH, Davit Benavent Cuquerella. En ella se debatió acerca de la conveniencia, o no, de prescindir del actual sistema procesal penal, en el que el Juez actúa de instructor en la primera fase del proceso, para sustituirlo por un nuevo sistema en el que sea el Fiscal el que instruya.
Partiendo de la base del borrador del Código Procesal Penal publicado por el Ministerio de Justicia en febrero del pasado año, los ponentes del acto, Jesús Manuel Villegas Fernández, Magistrado instructor y autor del libro «Fiscal investigador contra Juez instructor (La lógica de la investigación criminal)»; y, Arturo Todolí Gómez, Abogado-Fiscal sustituto, autor de la tesis «La potestad de acusar del Ministerio Fiscal en el proceso penal español: naturaleza, posibilidades de su ejercicio discrecional, alcance de sus diferentes controles y propuestas de mejora del sistema», pusieron sobre la mesa las ventajas y desventajas del cambio que propone el citado borrador.
Entre el público nos encontrábamos docentes, jueces, fiscales, letrados, incluso profesionales ajenos al derecho que participaron activamente en el debate.
Con todo, me gustaría proponer a los lectores de este blog algunas cuestiones que yo me planteo:
¿Cuáles serían las ventajas de que finalmente sea el Fiscal el que instruya?, ¿Sería necesaria una reforma de la Constitución o asistiríamos a una más de tantas leyes recurridas ante el Tribunal Constitucional?, ¿Es suficiente el argumento del Derecho comparado para promover una reforma como esta?, ¿Cuál es el problema de nuestro sistema actual?, ¿En qué medida puede afectar al desarrollo del nuevo sistema planteado el hecho de que la institución del Ministerio Fiscal sea una institución jerarquizada?
¿y tú, qué opinas?
A mí me gustaría plantear el hecho de que el borrador tiene casi un año, y no se ha debatido siquiera como Anteproyecto; en la actualidad existe un debate no tanto jurídico como social, debido fundamentalmente a casos notorios en los que el Ministerio Fiscal ejerce un papel que resulta muy controvertido. Lo vemos en asuntos polémicos como la imputación de un miembro de la Casa Real, encarcelamiento de banqueros, etc.
¿Puede que ello tenga que ver con la paralización de la reforma?
Creo que el tema que se discutió el sábado es muy interesante… a nivel teórico. A nivel práctico, opino que carecemos de una trayectoria cultural como la que podemos encontrar en otros países que siguen el sistema del fiscal investigador.
Tampoco, a mi entender, existen medios materiales ni infraestructura suficiente que permita trasladar la instrucción a los fiscales, por no hablar de que el cuerpo de fiscales está sometido a la legalidad, sí, pero también a la jerarquía, no siendo uno de los principios de su estatuto el de la independencia (circunstancia que sí contempla el estatuto de los jueces, junto con otros principios como la independencia y el sometimiento a la ley). Tal y como se encuentran hoy en día redactados los estatutos de ambos cuerpos, sería un poco forzado e incluso constitucionalmente discutible este cambio de manos radical en la instrucción.
Para que este cambio se produjera según ley, sería necesario una modificación social, legal y estructural muy compleja.
No se yo si es ahora el momento de emprender esta aventura…