La posible secesión de Cataluña es uno de los principales problemas a los que se enfrenta España como proyecto de convivencia común, con aceradas repercusiones en el orden de lo social, político y económico.
En el siguiente artículo publicado en Las Provincias, me aproximo de manera somera a la etiología y los sofismas en los que se basa el argumentario nacionalista, así como a las posibles consecuencias de una eventual secesión de Cataluña.
España, Cataluña y los nacionalismos secesionistas
Los pilares sobre los que se sustenta el proyecto de España como nación están siendo tensionados por la exacerbación, en los últimos tiempos, de las pulsiones independentistas catalanas. Para poder dibujar un diagnostico fidedigno de las causas que subyacen a tan perentorio fenómeno, vamos a apoyarnos en el marco teórico dibujado por el egregio pensador Ortega y Gasset en su libro España invertebrada.
De sus páginas podemos colegir que la mayoría de las naciones actuales se han formado por la incorporación de distintas unidades menores que anteriormente gozaban de autonomía. En su seno, por tanto, existen dos fuerzas contrarias: una centrifuga que impele al despiezamiento del todo y una centrípeta que lo mantiene unido. La fuerza centrípeta tiene como causa última la existencia de una comunión de intereses que toman forma en un proyecto común que solo es posible alcanzarlo aunando las fuerzas de todos sus componentes. Por su parte, la fuerza centrifuga bebe de los particularismos y del sentimiento ancestral de pertenencia a la tribu. A partir del marco teórico dibujado, las causas de la exaltación independentista con el consiguiente riesgo de fractura de la unidad nacional, está motivado o bien por un debilitamiento de la fuerza centrípeta, un fortalecimiento de la centrifuga o una combinación de ambas.
En primer lugar vamos a analizar someramente las causas que han debilitado la cohesión nacional y que han operando desde el principio de la democracia. Debemos recordar que la estructura política descentralizada que consagra la Constitución se motivo en gran medida para dar encaje a las pretensiones de autogobierno de los territorios en los que el nacionalismo tiene una mayor implantación (fundamentalmente Cataluña, País Vasco, Navarra y Galicia), y que durante la dictadura habían sido acallados. Frente a las posiciones rupturistas de los nacionalistas secesionistas, los padres de la Constitución encomendaron a los grandes partidos constitucionalistas la sustantiva función de ser custodios de la unidad e integridad nacional.
La actual ley electoral y la configuración del arco parlamentario ha supuesto que tanto el PP como el PSOE, en caso de no obtener la mayoría absoluta, intercambiaran activos estratégicos, en forma de cesiones competenciales cada vez mayores, por activos tácticos; esto es, la gobernabilidad en una determinada legislatura. En cierta medida podemos sostener que los grandes partidos constitucionalistas, por su visión cortoplacista y carencia de una visión clara de España, han sido incapaces de coadyuvar a la consecución de la sustantiva tarea que tenían encomendada: preservar y fortalecer la unidad nacional. Frente a la pusilanimidad y laxitud del PP y PSOE, la hoja de ruta de los nacionalistas secesionistas es clara y diáfana: obtener la independencia de la nación Española y constituirse en un estado propio, objetivos que forman parte inveterada de su corpus conceptual. Para conseguirlo han generado una historia coincidente con su ideario propagandístico (como sostiene George Orwell en notas sobre el nacionalismo, una de las características inherentes a los nacionalismos es la creación de una “realidad” desconectada de los hechos factuales, o en sus propias palabras: “Los nacionalistas pasan parte del tiempo en un mundo de fantasía en el cual las cosas ocurren como deberían”), para a continuación, suministrarla en forma de adoctrinamiento en las aulas.
Hasta aquí hemos perfilado las dinámicas que han operado desde el inicio de la democracia hasta la actualidad. A ellas hay que sumar motivos que acontecen en los últimos años como consecuencia del advenimiento de la crisis económica y el repunte de la corrupción. En el actual sistema partitocrático en el que el único modus vivendi de una parte sustantiva de los políticos es la política, el objetivo preeminente y prioritario consiste en mantenerse en el poder (la alternativa para un porcentaje no desdeñable seria el paro o, en el mejor de los casos, un empleo comparativamente peor). Los ciudadanos, en su mayoría, entienden que la situación económica es responsabilidad del Gobierno en el poder (realmente no es así; la influencia del Gobierno es una causa más entre una miríada de ellas), desalojando del mismo a aquellos gobiernos que han tenido la mala suerte de encontrarse en el poder cuando una crisis económica coincidía con un periodo electoral.
La acerada crisis que se enseñorea de España desde 2008 ha generado incentivos adicionales en la búsqueda de un chivo expiatorio por parte de los nacionalistas secesionistas a efectos de trasladar la responsabilidad de la situación económica. La víctima propiciatoria ha sido la pérfida España a la que acusan de latrocinio y, por ende, de las actuales penurias económicas de Cataluña. Como consecuencia, aquellos nacionalistas que han aceptado el argumento como verdadero han incrementado el resentimiento hacia España y, por tanto, la intensidad de la fuerza centrifuga o de separación. Adicionalmente, la Gran Recesión, con el hundimiento de la economía española, ha debilitado la fuerza centrípeta o de atracción, al hacer menos atractivo la pertenencia a un todo exánime (recordemos que Cataluña es una comunidad rica, con un PIB per cápita del 120% de la media española y ha mejorando algo su posición relativa en relación a España como consecuencia de la crisis). La fortaleza del proyecto España también se ha visto socavada por el repunte de la corrupción real y ,sobretodo, de la percibida (tanto por la mayor sensibilidad de la ciudadanía por el empeoramiento de su situación económica, como por la sobreexposición a las noticias de corrupción), minorando en mayor medida la fuerza centrípeta o cohesionadora.
En relación a las consecuencias de una hipotética secesión de Cataluña se ponen de manifiesto, de nuevo, las ensoñaciones en las que se instala el argumentario independentista: según un estudio de la Generalitat, en 2009 el déficit fiscal de Cataluña suponía un 8,4% del PIB o, lo que es lo mismo, 16.410 millones de euros. Por tanto se colige que, en caso de independizarse, su renta anualmente se incrementaría automáticamente en esa cuantía.
Para terminar vamos a poner negro sobre blanco los sofismas en los que se basa el argumento precedente. En primer lugar, el método correcto para calcular los saldos fiscales, como destaca Antoni Zabalza, es el del beneficio y no el monetario subrayado en el informe de la Generalitat. Utilizando este último criterio el déficit fiscal se reduce a 11.261. Los adalides de la secesión arguyen que la fractura con España no implicaría la salida del euro y de UE, pero, sin embargo, la realidad, expresada por boca de sus dirigentes como Joaquín Almunia o Michel Barnier, son taxativos al respecto: dejarían de pertenecer a la UE y deberían de iniciar el proceso de adhesión.
La salida de la UE supondría que los productos fabricados en Cataluña y vendidos en cualquier país de la UE serían gravados por la tarifa exterior común, con el consiguiente menoscabo su competitividad. Adicionalmente, se produciría una deslocalización empresarial como ya ha expresado el grupo planeta y Volkswagen, a la que habría que añadir, probablemente, una significativa emigración de parte de los ciudadanos residentes en Cataluña, lo que minoraria tanto el capital físico como el humano. Y todos estos conceptos habría que restarlos de los 11.261 millones del saldo fiscal, por lo que probablemente la secesión de Cataluña solo beneficiaría a las oligarquías políticas que la están promoviendo y su red clientelar, a costa de la mayoría de los catalanes.