La Ley española de transparencia, de diciembre de 2013, previó la creación de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) para garantizar la efectividad de los derechos y obligaciones reconocidos en la misma. La norma lo configura como un organismo público adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pero con plena independencia en el cumplimiento de sus fines, que son: promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de transparencia y en el Estatuto del Consejo que se aprobó en octubre de 2014, el CTBG se estructura en tres órganos: la Presidencia del CTBG (cuyo nombramiento corresponde al Gobierno pero con participación del Congreso, que ha de refrendar la propuesta de nombramiento, y que actualmente ostenta Esther Azurmendi), la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno (integrada por la presidenta y siete vocales: un diputado, un senador, un consejero del Tribunal de Cuentas, un representante del Defensor del Pueblo, un representante de la Agencia Española de Protección de Datos, un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y un representante de la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal) y dos Subdirecciones Generales como órganos jerárquicamente dependientes de la presidencia, la de Reclamaciones y la de Transparencia y Buen Gobierno.
JAVIER AMORÓS DORDA es el actual Subdirector de Transparencia y Buen Gobierno, y fue quien cerró, con la cuarta y última de las jornadas que tuvo lugar el pasado 26 de abril, el Seminario sobre Transparencia y Buen Gobierno que comenzábamos el 8 de marzo. El tema que eligió para tratar en el seminario fue el que da título al post: la evaluación del cumplimiento de la ley transparencia. Según ha dispuesto el legislador, el CTBG debe evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones previstas en la norma, elaborando anualmente una memoria que ha de ser presentada a las Cortes Generales. ¿Qué ha hecho el CTBG en este sentido?
El CTBG ha desarrollado una metodología de evaluación y seguimiento de la transparencia de la actividad pública (MESTA) ajustada a lo que está pidiendo la ley (a diferencia de otras evaluaciones de la transparencia llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad civil entre las que destaca la realizada por Transparencia Internacional).
Este sistema de evaluación, que se presentó el pasado 28 de marzo en un acto celebrado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPCO), se ha desarrollado de acuerdo con la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas (AEVAL), y se presenta como una metodología nueva, oficial, evolutiva, universal y gratuita que se ofrece como sistema de medición de la transparencia a todos los organismos públicos y entidades obligadas por la ley (empresas públicas, partidos políticos y organizaciones empresariales y sindicales).
Una vez creada la metodología, la aplicación de la misma para la evaluación de la transparencia de cada organismo no puede corresponder el propio CTBG. El número potencial de las entidades obligadas por la ley de transparencia, incluyendo a las empresas privadas con subvención pública, etc., supera las 100.000 (solo organismos públicos son alrededor de 18.000). Por eso, el CTBG ofrece esta metodología a todas las Administraciones Públicas y demás entidades obligadas, para que sean los propios organismos obligados los que se autoevalúen. Y para ello está implementando un sistema de información de la metodología para la evaluación.
Como resultado de este trabajo y como botón de muestra, este año se ha hecho una prueba de la metodología aplicándola únicamente a algunas de las instituciones más relevantes del Estado: órganos constitucionales y entes reguladores (Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo, Senado, Congreso, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Casa del Rey, Banco de España, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Fiscalía General del Estado, Consejo Económico y Social, Consejo de Seguridad Nuclear y Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). El Informe resultante de esta evaluación, que se presentó el pasado 19 de abril en la Residencia de Estudiantes, ofrece el primer ranking oficial de la transparencia de las instituciones políticas españolas, que da como ganador al TC (en lo que respecta a la transparencia obligatoria), con una puntuación muy alta (9,83/10), quedando en segundo lugar el Consejo General del Poder Judial (9,70) y tercero el Banco de España (9,43).
La sucinta y amena presentación de Javier Amorós dio para mucho más que esto que contamos. Nos explicó en detalle la metodología de evaluación del CTBG y atendió extensamente todas las cuestiones que surgieron en el turno de preguntas, que permitieron tratar otras cuestiones relacionadas con el relativamente nuevo órgano. Desde aquí agradecemos a Javier Amorós el haberse sumado a nuestro seminario.
