El pasado miércoles 12 de abril tuvo lugar en la Universidad CEU Cardenal Herrera la tercera sesión del Seminario sobre Transparencia y Buen Gobierno, organizado por la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas y nuestro equipo de investigación FFI2013-42443. En esta ocasión, la jornada abordó la visión de la Transparencia y el Buen Gobierno desde la Comisión de calidad democrática, contra la corrupción y reformas institucionales y legales del Congreso de los Diputados. Para ello contamos con la presencia de su vicepresidente segundo, Juan Vicente Pérez Aras, diputado a Cortes por el Partido Popular en las Legislaturas X, XI y XII.
El ponente comenzó su exposición haciendo referencia a la importancia de implementar valores y prácticas como la transparencia y el buen gobierno en el marco de nuestra sociedad, pues ambas se han convertido en requisitos indispensables para la recuperación de la confianza de la ciudadanía en la política. Y es que si bien índices como el Indicador de Confianza de los Consumidores muestran una mejora de la percepción de los ciudadanos en torno a la situación actual de la economía familiar, de la economía española y del empleo respecto de la que existía hace seis meses, el CIS revela que, por detrás del paro, la corrupción y el fraude siguen siendo el segundo problema que más preocupa a los españoles (en tercer lugar, los problemas de índole económica, y tras estos, en cuarto lugar, “los políticos en general, los partidos políticos y la política”. Dos caras de una misma moneda).
Ante la necesidad de abordar esta situación y romper con la proliferación de malas prácticas, desde el Congreso se han llevado a cabo diversas medidas amparadas por diversas leyes:
–La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno
También se ha revisado el “tercer pilar”, esto es, la legislación en materia penal, tan necesaria para la sanción del delito. En este ámbito destacan:
– Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica y la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana
Cada una de estas normas busca el fortalecimiento del sistema democrático y pelea, desde distintos ámbitos, contra el mal uso del poder por parte de aquellos que ostentan cargos públicos.
Para abordar estos problemas y plantear sus posibles soluciones, la Comisión de calidad democrática, contra la corrupción y reformas institucionales y legales del Congreso de los Diputados, contó con el apoyo de un grupo de expertos compuesto por especialistas de distintos campos: Benigno Pendás García (Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales), la Profa. Inés Olaizola Nogales (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Navarra), Manuel Villoria Mendieta (Director del Observatorio de Buena Gobernanza de la Universidad Rey Juan Carlos), Jesús Lizcaino (Presidente de Transparencia Internacional) , Óscar Sánchez Muñoz (Profesor de Universidad y evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva) y Manuel Maroto Calatayud (Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Toledo). Además se contó con la opinión y la colaboración de miembros de la OSCE expertos en esta materia. Entre las cuestiones tratadas se comentó la necesidad de trabajar en la simplificación y efectividad de la norma, pues tal y como señalaba Pendás, “en la confusión siempre saca ventaja quien no quiere actuar limpiamente”.
El vicepresidente segundo de la Comisión de calidad democrática, contra la corrupción y reformas institucionales y legales del Congreso de los Diputados finalizó su exposición con una frase de Ludwig Von Mises pronunciada en 1944: “La corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no está controlado por la opinión pública”.
Sigamos avanzando por el camino de la transparencia y el buen gobierno para que en un futuro la corrupción sea un problema del pasado.
