Por Elvira Alonso
El pasado 20 de octubre tuvo lugar un seminario interno del Grupo de Investigación de la UCH-CEU sobre “Democracia deliberativa y comunicación” dedicado al análisis de la vigente ley de transparencia de la Comunitat Valenciana, aprobada en 2022 en sustitución de la ley anterior, Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana. Este seminario se enmarca en las actividades del Proyecto de I+D+i Nacional del MICINN (PID 2021-124969 NB-I00).
Para conocer las novedades que incorpora la nueva ley de transparencia valenciana, contamos como ponente con Miguel Ángel Blanes Climent, técnico jurídico del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana y reconocido y activo experto en el tema de la transparencia pública desde la publicación en 2014 de su investigación doctoral: La transparencia informativa de las Administraciones Públicas: El derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa.
Según este experto en transparencia, la ley de 2022 ha supuesto un retroceso en la exigencia de publicidad activa de las administraciones valencianas en relación con la ley de 2015: si la ley de 2015 aumentó las obligaciones de publicidad activa respecto de la ley nacional de 2013, ahora la ley de 2022 distingue entre administración autonómica, obligada por la ley de 2022, y administración local, no obligada por la ley de 2022 (y, por tanto, sujeta a la ley nacional de 2013). Y este cambio no se ha justificado políticamente –de hecho, la ley se publicó sin Exposición de Motivos– más allá de las razones aducidas de no obligar a los ayuntamientos pequeños (pero se benefician los grandes) o de respetar la autonomía local. El análisis de Miguel Ángel Blanes de la Ley 1/2022, de 13 de abril puede leerse en su Blog de Transparencia y Gobierno Abierto.