Escrito por Elvira Alonso
El Palacio de Colomina, sede de la UCH-CEU en el centro de Valencia, ha acogido, dos años después de su primera edición, este nuevo Congreso sobre calidad democrática, buen gobierno y lucha contra la corrupción. Organizado por la UCH-CEU y la Asociación Valenciana de Politología (AVAPOL), ha sido coordinado por Joaquín J. Marco, Decano de la Facultad de Derecho, Políticas y Empresa de la UCH-CEU, y por José V. Egea, presidente de AVAPOL.
El congreso ha reunido a académicos, profesionales, representantes políticos y de la sociedad civil, de España, Francia, Italia, Rumanía, Colombia y Venezuela. Expertos en teoría y análisis políticos, lucha contra la corrupción, transparencia institucional y nuevas tecnologías para la participación ciudadana, han compartido su experiencia y sus investigaciones, contribuyendo a aclarar la percepción que tenemos del actual momento político, con el objetivo de hallar las claves de la mejora de nuestros sistemas democráticos.
En la apertura del congreso, Zulima Pérez i Seguí (Secretaria autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación) se refirió a la transparencia de las instituciones públicas, y en concreto al Portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana (GVA Oberta), como mecanismo para prevenir la corrupción, permitir la participación ciudadana y sobre todo la objetividad e imparcialidad de las instituciones, uno de los objetivos para que recuperen legitimidad.
El primer conferenciante invitado fue el politólogo Pablo Simón (profesor en la U. Carlos III de Madrid y editor de Politikon). El tema de su conferencia fue la corrupción en España (“¿Corruptissima re publica? Instituciones y corrupción en España”): ¿por qué debe preocuparnos? ¿Cómo podemos medirla? ¿Cómo podemos controlarla? Aunque parezca obvio decir que la corrupción debe preocuparnos, no está de más subrayar, como hizo Simón, sus indeseables efectos: la erosión del tejido social y de la legitimidad del sistema como efectos principales, pero también su relación con disfuncionalidades electorales o su importante impacto económico. Recordó asimismo que se trata de un fenómeno difícil de medir, pues los mecanismos a los que recurre la ciencia política (las causas judiciales abiertas y la percepción de los ciudadanos) son indicadores “ruidosos”.
Después de analizar la percepción de la corrupción en España, se refirió a los medios de control. Dejando de lado el Derecho Penal, defendió, por delante del “control vertical” o ciudadano en las urnas, el autocontrol por la Administración (“control horizontal”), que debe prevenir o desactivar los problemas de corrupción antes de que ocurran. ¿Cómo? Algunas de las reformas pendientes que propuso son: disminuir la amplia discrecionalidad de los partidos políticos, exigir el cumplimiento de la legislación (de contratación pública, p. e.), aumentar la transparencia en la financiación de los partidos, simplificar el proceso contencioso-administrativo, establecer contra-poderes para que los políticos se abstengan de prácticas corruptas (como en el panóptico benthamita), empoderar a los funcionarios o fusionar municipios para facilitar el control. Terminó su conferencia con una llamada al optimismo: hay que evitar el “mensaje derrotista cultural”. En este momento de crisis, los españoles nos creemos más corruptos que nadie, pero no estamos tan mal y tenemos margen de mejora, pues hay mecanismos de control que se pueden implementar.
La conferencia central (“Modelos de democracia para un tiempo crítico”) corrió a cargo de nuestro IP Hugo Aznar (Director del Departamento de Ciencias Políticas, Ética y Sociología de la UCH-CEU). Aznar reivindicó el protagonismo que corresponde a la teoría política, frente a la ciencia, en el actual contexto de cambio de paradigma político. ¿Cómo podemos caracterizar este cambio? El modelo de democracia que hemos tenido y que actualmente está en crisis es la democracia elitista. Se aprecia hoy una tendencia importante hacia la democracia directa, y frente a los riesgos de ésta, la propuesta defendida por Aznar es la democracia deliberativa, que asume las demandas ciudadanas de mayor participación. Tomando como teoría para la democracia elitista la obra de Walter Lippmann (fundamentalmente, El público fantasma), este modelo supone dejar el gobierno en manos de los “insiders” (políticos profesionales y expertos), quedando los ciudadanos (“outsiders”) como meros espectadores, al partir de la premisa de que en una realidad política caracterizada por la complejidad, consecuencia de la “mundialización”, los individuos no disponen de la información del contexto en el que están, y eso les incapacita para el gobierno.
Pero este modelo, que entra en crisis en los 90 (crisis que describe con acierto Peter Mair en su obra Gobernando el vacío), está hoy periclitado. La evolución de los partidos políticos (estatalización, desideologización, conversión en empresas políticas en una competencia electoral finalista) y la transformación de sus funciones integradora y de agregación por los cambios sociales, han llevado a la desafección política y han convertido al populismo en tendencia estructural de este modelo de democracia. Y la ciudadanía de hoy tiene poco que ver con el “público fantasma” de Lippmann. El Estado del Bienestar ha dado paso a una sociedad del conocimiento y de clases medias, y hoy la ciudadanía, cualificada educativa, tecnológica y políticamente (por la experiencia) demanda legítimamente participación.
El modelo de democracia deliberativa supone reconocer el derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones que les afecten, correspondiendo a los políticos el papel de habilitadores de los procesos de decisión ciudadana. Con conciencia de los obstáculos a los que se enfrenta este modelo, como la ausencia de interés de la ciudadanía o los costes de tiempo y económicos que puede conllevar, una democracia deliberativa redundaría en una mayor justicia y eficacia (las denominadas ventajas epistémicas), y por tanto, en la recuperación de la legitimidad erosionada de la democracia.
En la última de las conferencias (“Transparencia y corrupción en clave nacional e internacional”), el economista Jesús Lizcano (cofundador y presidente de Transparencia Internacional España) nos habló de la importante labor de la ONG Transparencia Internacional en pro de la transparencia, entendida como un desafío, como un valor social, como un derecho de la ciudadanía (derecho a saber), como el mejor antídoto contra la corrupción y como instrumento fundamental para el buen gobierno. Se refirió a algunos de los informes que la ONG elabora periódicamente, como el Índice de percepción de la corrupción, el Barómetro global de la corrupción, o, a nivel nacional, los Índices de transparencia.
Tal y como resumió Lizcano, el Índice de percepción de la corrupción de 2015 (publicado en enero de 2016) revela una fuerte correlación entre corrupción y pobreza, así como una relación inversa entre corrupción y libertad de prensa. Un 68% de los países examinados suspenden, siendo los mejor situados Dinamarca y Finlandia. España, en este informe de 2015 obtuvo la puntuación más baja de la serie histórica, quedando en el puesto 36 de 168 países, y en el marco europeo, en el puesto 18 de 28. El Barómetro global de la corrupción (recién presentado, en noviembre del 2016), mide la percepción de la corrupción en distintos sectores, así como las experiencias de los ciudadanos con el pago de sobornos, su opinión sobre la eficacia de los gobiernos o su voluntad de participar en la denuncia de la corrupción. Este informe muestra que los partidos políticos son el sector peor evaluado (y muy especialmente en España, pues solo hay 7 países que la superan en esta percepción negativa); que 2/3 de los ciudadanos piensan que la corrupción es el problema más grave; que la evaluación de los gobiernos en España es muy negativa; que el 88% de los españoles piensa que hay influencia de la riqueza en la política; que el 20% de los españoles (índice que ha bajado pero que todavía es muy alto) acepta la corrupción como algo normal; y que hay poca colaboración ciudadana en la denuncia de la corrupción.
Desde TI se recomienda regulación de los lobbies y potenciar la independencia del poder judicial, entre otras medidas. Y por lo que respecta a los Índices de transparencia, son elaborados por TI España como medida para fomentar la transparencia de las instituciones públicas españolas, evaluando a Ayuntamientos (110 en la actualidad), a todas las Diputaciones y Comunidades Autónomas, a todos los parlamentos y a todos los organismos gestores de aguas. Los resultados de 2015 muestran una mejora respecto a 2013, año en el que se aprobó la Ley de Transparencia, aunque todavía hay instituciones que suspenden.
También se refirió Lizcano a esta ley de 2013, señalando que hemos sido de los últimos países en aprobar este tipo de normativa, y que adolece de insuficiencias claras, como no contemplar un régimen de infracciones y sanciones, establecer un régimen de silencio administrativo negativo, limitar el acceso a la información, de una manera muy difusa, a cuestiones relacionadas con “intereses económicos”, no obligar a publicar todo el patrimonio de las Administraciones Públicas (solo inmuebles), o establecer una mayoría simple para la composición del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (siendo deseable, para la independencia del órgano, una mayoría de 2/3). En cualquier caso, señaló, es necesario impulsar esta ley.
Además de referirse a otras actividades de TI España, como la elaboración de principios de transparencia para empresas, el establecimiento de convenios de transparencia con instituciones, la evaluación del cumplimiento de la legislación de contratos públicos, el Proyecto integridad o la publicación de una revista, terminó su conferencia con la propuesta de varias medidas contra la corrupción. La primera sería el fomento de la transparencia. La segunda, impulsar un amplio frente social que incluyera al poder judicial, a la policía, a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a las universidades y a los ciudadanos. Por último, tres niveles de actuaciones para el corto, medio y largo plazo: que se apliquen las leyes, adaptación de la legislación a la Convención de la ONU y educación.
Gran interés tuvieron también las mesas redondas y los paneles de comunicaciones, a los que nos referiremos ahora con mayor brevedad.
En la primera mesa (“Calidad democrática y regeneración política: nuevos escenarios y ¿nuevas oportunidades?”), cuatro jóvenes politólogos (Guillem Martí, Amparo Plaza, María Sánchez y Raúl Soriano) ofrecieron su visión del nuevo escenario político: del activismo frente a la militancia, de la sectorización de la participación, de la crisis económica, política, mediática y de valores o de los partidos emergentes. Así mismo, hablaron de corrupción y de medidas de regeneración, dando lugar a un intenso debate.
De gran interés fue la mesa formada por varios integrantes del Hub Cívico (“Hacking cívico y empoderamiento de la ciudadanía”): Diego Álvarez (Director de la Cátedra Gobierno Abierto de la Universidad Politécnica de Valencia, una iniciativa conjunta de la UPV y el Ayuntamiento de Valencia), José Ignacio Pastor (Jefe del Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Valencia), Juan Medina (Concejal de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Quart de Poblet), David Pardo (profesor de la UPV), Cristian Reche (periodista) y Ximo Molina (estudiante de la UPV). Nos hablaron de la cultura del “hacker” aplicada a problemas de derechos humanos: la meta de estos “hackers cívicos” es el empoderamiento de la ciudadanía para resolver el problema de la desigualdad. Se trata de conseguir que la persona tenga poder para influir en las decisiones que le afectan, lo que requiere: tomar conciencia, el desarrollo de competencias, y un entorno favorable que garantice el acceso a la información y facilite procesos participativos y de rendición de cuentas. Para ello, El Hub cívico, junto con el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia, y la Cátedra de Gobierno Abierto de la UPV han puesto en marcha el “Àrea Hackers Cívics”, que impulsa el desarrollo de soluciones que faciliten el empoderamiento de la ciudadanía.
La última de las mesas (“Lucha contra la corrupción”) contó con la participación de tres expertos en delincuencia económica: José Mª Peláez (inspector de Hacienda), Ángeles Martínez (fiscal del Grupo de Delincuencia Económica) y Juan Carlos Galindo (perito judicial y presidente de la Asociación para la prevención del blanqueo de capitales ASEBLAC).
Por último, fueron muchas y de gran interés las comunicaciones presentadas, con participación de profesores-investigadores de la UCH-CEU, como Ruth Abril, Marta Pérez Gabaldón o Javier Pinazo, y de investigadores de otras universidades españolas, europeas y americanas.
