Por Mercedes Blanes y Valeria Pérez
Varios miembros del grupo de investigación Democracia Deliberativa y Comunicación, así como profesores e investigadores en formación de las áreas de Ciencias Políticas y de Periodismo, han participado recientemente en el seminario de investigación titulado “El Parlamento Abierto y los Grupos de Interés”, impartido por Irene Matías, Vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). El encuentro abordó el papel del lobby como elemento clave para comprender cómo los grupos de interés influyen en las decisiones políticas y legislativas de nuestro país.
El lobby: entre la influencia y la transparencia
Matías inició el seminario tratando el concepto de lobby, que es la práctica mediante la cual entidades privadas, ONG o asociaciones trasladan sus intereses a los poderes públicos con el objetivo de participar en la creación o modificación de normas. Subrayó que “el lobby no es sinónimo de corrupción, sino un mecanismo de participación ciudadana cuando se ejerce con ética, transparencia y regulación”.
A partir de ahí, se debatió sobre cómo la falta de control o de transparencia puede derivar en prácticas poco éticas y erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. En este punto, Matías trató el análisis que realiza Civio sobre el V Plan de Gobierno Abierto, donde se destaca que la transparencia y la trazabilidad son esenciales para evitar abusos y fortalecer las instituciones.
APRI y la profesionalización del lobby
Otro de los temas abordados fue el papel de la APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales) en la promoción de un lobby más profesional y ético en España. En este sentido, Matías destacó el papel de esta organización en la dignificación y profesionalización del sector, tomando como referencia modelos europeos, especialmente el sistema de transparencia de la Unión Europea.
Según explicó, el objetivo de APRI es garantizar que los profesionales del sector actúen como intermediarios legítimos entre la sociedad civil y las instituciones públicas, contribuyendo de forma responsable al desarrollo normativo.
Durante el seminario, se comentó también cómo estos profesionales aportan valor al proceso legislativo a través de informes, datos y propuestas. Matías puso como ejemplo la Ley de Movilidad Sostenible, donde diversos grupos de interés colaboraron aportando su experiencia técnica para enriquecer el debate parlamentario.
Hacia una regulación efectiva y una huella normativa
Respecto a la regulación, la ponente destacó que “la regulación del lobby en España ha avanzado, aunque todavía con desafíos”. Comunidades como Cataluña, la Comunitat Valenciana o Madrid cuentan ya con normativas propias, y a nivel estatal, el Anteproyecto de Ley de Gobierno Abierto y el V Plan de Gobierno Abierto de España (2025-2029) impulsan más de 200 medidas para reforzar la transparencia y la integridad institucional.
Uno de los puntos centrales es la creación de una “huella normativa”, un registro público que documente todas las aportaciones de los grupos de interés durante la elaboración de leyes. En la Unión Europea, el Registro de Transparencia ya es obligatorio para quienes quieren tratar con las instituciones, un modelo que España busca interiorizar.
Conflictos de interés y ética profesional
Durante la sesión también se abordaron los conflictos de interés derivados del paso de ex-cargos públicos al sector privado.
Para evitar situaciones de influencia indebida, se propone establecer periodos de “enfriamiento” antes de que puedan integrarse en empresas o asociaciones relacionadas con su anterior ámbito de actuación. El Código de Buenas Prácticas del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, recoge medidas que buscan garantizar la integridad y la imparcialidad en la toma de decisiones.
Parlamento Abierto y participación ciudadana
El Parlamento Abierto, así como el Gobierno Abierto, se plantean como fenómenos basados en la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, que tratan de acercar la toma de decisiones a la ciudadanía.
Iniciativas como la Consulta pública del V Plan de Gobierno Abierto o el portal Gobierno Abierto España, promueven la implicación de la sociedad civil en los procesos normativos, reforzando así la rendición de cuentas.
