La lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos constituyen dos de los grandes faros que han orientado las políticas en el espacio europeo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Las atrocidades cometidas durante aquel conflicto, especialmente en territorio europeo, impulsaron a los Estados de la entonces Europa occidental a hacer suyo el “nunca más” y a traducirlo en estructuras jurídicas e institucionales destinadas a limitar el poder y a proteger de forma efectiva a la persona frente a posibles derivas autoritarias.
Con el tiempo, estos instrumentos se han extendido a prácticamente todo el continente, con la dolorosa excepción de Rusia y Bielorrusia, aún marcadas por dinámicas de concentración del poder incompatibles con los estándares europeos. Pese a sus imperfecciones y a no pocos retrocesos, que en los últimos años parecen intensificarse, el resto de los Estados europeos continúa siendo, en términos comparativos, un referente mundial como espacio de libertad, justicia y garantías que merece ser preservado.
No es posible disociar los derechos humanos del Estado de Derecho, pues ambos se sostienen mutuamente. Allí donde los derechos se vulneran de forma sistémica y estructural, el Estado de Derecho se vacía de contenido. Este descansa sobre el principio de legalidad y la seguridad jurídica, e integra, como ha señalado la Comisión Europea, elementos esenciales como la libertad de expresión y el pluralismo de los medios, los contrapesos institucionales propios de toda democracia, la independencia judicial y la lucha efectiva contra la corrupción.
En un contexto de creciente cuestionamiento de las reglas que nos dimos en la posguerra, de erosión de los contrapesos institucionales en distintos Estados y de agresión armada contra un país europeo soberano, el proyecto europeo atraviesa una fase de evidente tensión. A ello se suma una ciudadanía en ocasiones desmovilizada o escéptica respecto de la capacidad de las instituciones para responder a estos desafíos. Precisamente por ello, resulta más necesario que nunca reforzar nuestra democracia, conocer y valorar nuestras instituciones y diseñar mecanismos que garanticen un futuro justo y en paz.
Estos ideales inspiran el trabajo del equipo de investigación sobre la crisis del Estado de Derecho y la resiliencia frente a las amenazas híbridas, dirigido desde la UCH CEU. En este marco se inscribe la participación de su investigadora principal en el IX Congreso Mundial de Ciencias Sociales, celebrado en Berlín, y en el XI Curso de Actualización sobre Derechos Humanos y Derecho de la Integración organizado por la Università degli Studi di Perugia y la Universidad de Buenos Aires, con la participación de jueces internacionales y juristas de distintas regiones del mundo, especialmente de América Latina.
En Berlín, la intervención de Susana Sanz se centró en los nuevos mecanismos que el Consejo de Europa está impulsando para combatir la impunidad de los dirigentes responsables de la invasión de Ucrania. En Perugia, el eje fue el análisis de los dos sistemas de protección de los derechos humanos que coexisten en Europa, el del Consejo de Europa y el de la Unión Europea, así como el debate sobre sus relaciones mutuas, no siempre exentas de fricciones. Ambos ámbitos se insertan plenamente en la defensa del Estado de Derecho en el plano internacional, pues tanto la impunidad ante crímenes de agresión como una tutela débil o meramente simbólica de los derechos humanos harían ilusorio e inalcanzable su respeto efectivo en Europa.
