El pasado jueves, 23 de abril de 2026 tuvo lugar el seminario de investigación bajo el título de «Estado de Derecho en la era digital: desafíos constitucionales y judiciales. Los casos de Chile e Italia» impartido por María Isabel Cornejo Plaza, Catedrática Jean Monnet, de la Universidad Autónoma de Chile y Roberto Cippitani, Catedrático Jean Monnet, de la Università degli Studi di Perugia. Esta actividad se inscribe en el marco de los proyectos de investigación con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (PID2021-126765NB-I00 del MICINN) del que es IP1 Susana Sanz Caballero e IP2 Antonio Bar Cendón y del proyecto AICO/2024/191 de la GVA del que es IP Susana Sanz Caballero, sobre crisis del Estado de Derecho en Europa y resiliencia frente a amenazas híbridas.
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Autonomía de la magistratura, justicia digital y Estado de Derecho
En primer lugar, Roberto Cippitani, Catedrático Jean Monnet de la Università degli Studi di Perugia impartió su ponencia bajo el título: «Autonomía de la magistratura, justicia digital y Estado de Derecho: Reflexiones a partir del referéndum constitucional italiano de 2026». Durante su exposición hizo un recorrido por la evolución en la voluntad de modificar la magistratura italiana. Dado que, desde finales de los años ochenta se empieza a discutir sobre la separación de las carreras, de la magistratura y la fiscalía. Y es desde la década de 1990 cuando se da un discurso diferente, propiciado, en parte, por el procesamiento de algunos dirigentes políticos de aquellos años. Por entonces se comenzó a plantear el tema de la acusación del papel de los jueces como actores políticos. Pues, como señala Cippitani «en la Primera República había conflictos con los jueces, pero no eran conflictos ideológicos, sino por casos específicos, pero era difícil que en el discurso político apareciera. No estaba en el debate».
Intento de reforma del sistema judicial italiano
Ante el planteamiento de un referéndum sobre la cuestión de la magistratura por parte del Gobierno de Meloni, el referéndum constitucional celebrado entre el 22 y 23 de marzo de 2026 arrojó los siguientes resultados (Fuentes: Viminale (Eligendo); YouTrend; Il Sole 24 Ore, 23.3.2026):
- NO (53,25%)
- Sí (46,75%)
- Participación (58,9%)
La reforma Meloni-Nordi se articulaba en cuatro ejes:
- Separación de las carreras: Se proponía la separación de las carreras de giudicanti (juzgadores) y requirenti (acusación) desde el ingreso a través de la reforma del artículo 104 de la Constitución italiana. No obstante, esta medida podría entrar en tensión con lo dispuesto en el artículo 112 sobre la obligatoriedad de la acción y el artículo 3 relativo a la igualdad.
- Desdoblamiento del Consejo Superior de la Magistratura: La reforma planteaba el desdoblamiento del actual órgano de autogobierno de la magistratura en dos consejos diferentes (juzgadores / requirentes), donde se planteaba la elección por sorteo de los componentes togados. Sin embargo, se entiende que esta propuesta podría afectar a la capacidad de autogobierno según la Comisión de Venecia por el riesgo de politización y el principio de no regresión, tal y como señala el ponente.
- Alto Tribunal Disciplinario: Se pretendía extraer la función sancionadora del actual Consejo Superior de la Magistratura, además de plantear un circuito impugnatorio cerrado (sin recurso en Casación), medidas que podrían entrar en tensión con el artículo 6 CEDH y el artículo 47 Carta UE.
- Delegación «en blanco»: Según la cual aspectos esenciales (mayorías, requisitos, concursos) quedarían delegados a ley ordinaria futura con el riesgo de condicionamiento por la mayoría política.
Atendiendo al marco normativo europeo se pueden encontrar problemas desde el punto de vista jurídico de la Unión Europea y del Consejo de Europa con su sistema de derechos humanos, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Asimismo, según apunta Cippitani: «muchos informes a nivel internacional dicen que en los últimos años en particular se ha retrocedido en ámbito sensibles». Y, aduce a que, respecto de la libertad de prensa, ha sucedido algo parecido por efecto del discurso político en Italia, dado que se ha sancionado a la prensa y a la magistratura. «Todo ello, resulta preocupante para el Estado de Derecho, al tratarse de una democracia que emplea mal sus herramientas jurídicas», tal y como señala el ponente.
Justicia digital e inteligencia artificial
El impacto de la inteligencia artificial tienes efectos en el ámbito judicial. El Reglamento sobre Inteligencia Artificial de la Unión Europea considera a la actividad judicial como una de las materias donde el uso de la inteligencia artificial resulta más peligroso y, por tanto, que puede entrañar un mayor riesgo.
Roberto Cippitani señala que «se han de seguir algunas reglas y principios éticos, como los de supervisión humana o transparencia». Asimismo, países europeos como España o Italia los integran según lo previsto en el Artificial Intelligence Act, conforme a la disciplina de la Unión Europea. Esto implica la adopción de reglas específicas, tales como reglas de carácter técnico, no solo sobre el uso del sofware, sino en referencia a la capacidad de los jueces, la evaluación técnica de las sentencias a través del uso de la inteligencia artificial. Cippitani afirma que: «El uso de la inteligencia artificial en decisiones judiciales es un riesgo y es peligroso y puede afectar al Estado de Derecho. La capacitación no es neutral. Esto podía tener un efecto problemático a medio y largo plazo.»
Proceso constituyente como crisis del Estado de Derecho y derechos digitales en Chile
María Isabel Cornejo Plaza, Catedrática Jean Monnet de la Universidad Autónoma de Chile desarrolló en su intervención titulada, «El proceso constituyente como crisis del Estado de Derecho y su consecuencia en los derechos digitales en Chile», expuso cuál ha sido el recorrido normativo de la regulación de conceptos digitales en la legislación chilena. Particularmente, la consagración de los neuroderechos en su texto constitucional, conllevando la constitucionalización de la protección de la actividad cerebral entre 2020 y 2021.
La voluntad de reformar la constitución chilena se mostró en 2019 cuando un millón de personas salieron en octubre a manifestarse pacíficamente. Se comenzó a discutir acerca de la crisis del Estado de Derecho y, si bien no se llegó a un colapso de las instituciones sí que tuvo efecto en los estándares de derechos humanos, como por ejemplo, con el empleo de deepfakes que fueron comentadas por observadores de derechos humanos. Así, el proceso constituyente chileno debe entenderse como una respuesta política a una crisis de legitimidad del Estado y no solo como un trámite institucional. Esa crisis tuvo manifestaciones políticas, sociales y jurídicas, que tensionaron el Estado de Derecho en sus dimensiones tanto formales (aplicación de la ley, garantías procesales) como materiales (legitimidad, proporcionalidad y protección de derechos).
En 2020 y 2021 la regulación de los neuroderechos pasa a gozar de un mayor desarrollo gracias a la inteligencia artificial y por parte de un grupo que sostenía la importancia de positivizar una cuestión que se encontraba en ciernes en la discusión académica, pero que era vista desde una visión crítica por parte de los juristas, según apunta Isabel Cornejo.
Regulación de derechos digitales en Chile
En cuanto a los derechos digitales, la convención constitucional y el debate público que siguió incorporaron con visibilidad principios y garantías digitales (conectividad como derecho, protección de datos, transparencia algorítmica, soberanía y gestión pública de datos, límites al uso policial/estadístico de tecnologías). Sin embargo, la materialización normativa quedó condicionada por el rechazo del texto constitucional en el plebiscito de 2022 y por la trayectoria política posterior; pese a ello, el proceso tuvo efectos institucionales y normativos indirectos sobre la agenda digital en Chile.
En ese contexto se hace un pacto social y se producen negociaciones presididas por Sebastián Piñera con otros actores políticos. Y, finalmente se celebra un referéndum el 4 de septiembre de 2022 en el que el 64% de los chilenos dijeron no al texto constitucional propuesto por un equipo más técnico que político, como señala Cornejo. Así, el referéndum de 2022 muestra que los neuroderechos no eran una cuestión que interesaba a la sociedad chilena. La constitución política de la república que había incluido en 2020-21 a los neuroderechos se consolida.
Posteriormente se han discutido derechos relacionados con la tecnología, tales como derechos digitales, derechos a internet, neutralidad de la red, portabilidad digital y la rectificación en internet, sin mención explícita a los neuroderechos. A pesar de que Chile no es un país especialmente consumidor ni productor de neurotecnología, conyunturalmente, se ve en Chile que gracias a la organización del congreso «Futuro», al que asisten grandes personalidades de la investigación y la ciencia, que advierten de la importancia de reforzar la protección de los neuroderechos.
Los derechos digitales no fueron consagrados, pero sí que se inician discusiones que permanecen y que permiten que posteriormente otros políticos impulsen otra serie de proyectos de ley que actualmente se están discutiendo en el Senado de Chile. Por ello, según la catedrática Isabel Cornejo, cabe afirmar que existe «un impulso claro hacia los derechos digitales y la consagración de los neuroderechos».
En conclusión, el seminario de investigación impartido por Roberto Cippitani y María Isabel Cornejo ha permitido observar cómo dos realidades jurídicas aparentemente distantes, como son la magistratura en Italia y los derechos digitales en Chile, convergen en un desafío común: la necesidad de adaptar las estructuras institucionales y normativas a un entorno social y tecnológico en constante transformación. El análisis de la magistratura italiana evidencia la importancia de contar con sistemas judiciales sólidos, independientes y capaces de responder a las exigencias democráticas contemporáneas. Mientras que, por su parte, el estudio de los derechos digitales en Chile muestra cómo la protección de la ciudadanía en el ámbito digital se ha convertido en un componente esencial de los derechos fundamentales en el siglo XXI.
