José Antonio De Yturriaga Barberán es embajador de España, profesor de Derecho Diplomático en la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Internacional de La Rioja. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, doctor por la UCM y doctor «honoris causa» por la Universidad Lingüística de Moscú. Ha sido profesor de Derecho Internacional y de Derecho Diplomático en la UCM, la UNIR, la Escuela Diplomática y la Academia de La Haya de Derecho Internacional. Ingresó en la Carrera Diplomática en 1963. Ha sido jefe de la Asesoría Jurídica Internacional, secretario general técnico, presidente del Consejo Superior de Asuntos Exteriores, embajador en Irak, Irlanda y Rusia, representante permanente ante la ONU en Viena y embajador en misión especial para el Derecho del Mar. También es miembro de la Academia Andaluza de la Historia y miembro de honor de la Academia de Ciencias de Rusia y ha obtenido numerosas condecoraciones a nivel nacional e internacional.
Autor de (entre otros):
- Participación de la ONU en el proceso de descolonización,
- Regional Conventions on the Protection of the Marine Environment,
- Straits Used for International Navigation,
- The International Regime of Fisheries,
- Ámbitos de soberanía y de jurisdicción en la Convención de la ONU sobre Derecho del Mar,
- Portugal, Irak y Rusia: Semblanzas diplomáticas de unas misiones sensibles
- Ideas para una renovada política exterior,
- Liberia, Irlanda y Austria: Semblanzas diplomáticas
- Compendio de Derecho Diplomático y Consular,
- Politización de la justicia en España,
- Guinea Ecuatorial: Cincuenta años de independencia,
- Cataluña vista desde fuera,
- El Sáhara español: Un conflicto aún por resolver,
- Nuevas Facetas de política española,
- Facetas de política española 2021 a 2025
- La Conferencia sobre Derecho del Mar vista desde dentro por un delegado español.
En esta entrevista José Antonio De Yturriaga aborda la situación del Estado de Derecho en el contexto de los conflictos internacionales actuales, la crisis de las instituciones y del Derecho internacional, y expone cuál es la situación del Estado de Derecho en España.
ENTREVISTA:
Cuestiones generales sobre el Estado de Derecho
(CG): En sus artículos recientes se percibe una preocupación constante por el deterioro institucional. ¿Cree que estamos ante una crisis coyuntural o estructural del Estado de Derecho?
(JAY): Estamos ante una crisis estructural. Se atenta desde el Gobierno contra la estructura constitucional del Estado. Afecta a un presidente del Gobierno que no acepta el principio de alternancia en el poder y que ve al opositor no como un adversario, sino como un enemigo, y en su discurso inaugural dijo que iba a construir un muro para dejar fuera del ámbito político a la oposición. El que sea una crisis estructural no quiere decir que sea permanente, porque otro Gobierno más abierto, más democrático y más tolerante puede revertir la situación. En este momento el Estado español está en crisis.
(CG):¿Qué indicadores le parecen más reveladores para afirmar que un Estado de Derecho está en retroceso?
(JAY): No se practica una política de Estado. Temas como la inmigración o la política exterior, Gibraltar o las relaciones con Iberoamérica no son cuestiones de un día para otro. Hay temas que son coyunturales y hay que abordar a medida que se presentan, pero hay otros que son permanentes. Los intereses principales de un Estado son permanentes y deben ser tratados de común acuerdo por todas las fuerzas políticas. Tiene que haber un mínimo común denominador entre ellas para lograr los fines del Estado.
En el tema del Sahara español, por ejemplo. Hasta los últimos años se ha mantenido como criterio básico el respeto al principio de libre determinación del pueblo saharaui, pero Pedro Sánchez -por sí y ante sí y sin contar con las Cortes, con la oposición y ni siquiera con su Gobierno- cambió radicalmente la postura de España por motivos inexplicables e inexplicados.
(CG): ¿Cree que las democracias occidentales están normalizando prácticas que antes habrían considerado inaceptables desde el punto de vista jurídico?
(JAY): Sí. Desgraciadamente se está produciendo una derechización en el peor sentido de la palabra, cuyo artífice fundamental es Donald Trump, sin olvidar a Putin o a Xi Jinping. Ya no existen normas generalmente aceptadas y las normas se supeditan al poder y a los intereses de los Estados e incluso de las personas -caso de Israel-. El poder prevalece sobre el Derecho y domina el más fuerte en la jungla internacional. Rusia invadió Ucrania so pretexto de que formaba parte de su territorio, a pesar de haber concluido un tratado internacional por el que se comprometía a respetar la integridad territorial y la independencia política de este país. EEUU invadió Venezuela y secuestró a su presidente, atacó a Irán mientras estaba negociando con él, pretende incorporarse Groenlandia -que forma parte de Dinamarca, país aliado dentro de la OTAN- y amenaza a Cuba. China oprime al Tibet y amenaza con anexionar Formosa…
Derecho internacional en crisis
(CG): Actualmente estamos siendo testigos de un clima de tensión internacional creciente, en gran parte motivado por los conflictos geoestratégicos entre las principales potencias.
Uno de los principales focos de tensión es el actual conflicto entre EE. UU. e Irán. En uno de sus artículos aborda precisamente este conflicto, y plantea una especie de “competición” en la vulneración del Derecho Internacional. ¿Estamos ante un vaciamiento real de las normas internacionales?
(JAY): Sí. Ninguno de los dos puede echar nada en cara nada al otro, ya que ambos incumplen el Derecho Internacional.
He sido embajador en Irak durante la guerra de este país con Irán y pude apreciar que lo grave no era tanto que Irán implantara un régimen teocrático y autocrático basado en el islamismo chiita, como que tratara de exportar ese sistema a toda la zona de Oriente Medio.
El Islam se divide principalmente en la rama sunita y la chiita. No existen diferencias doctrinales sustanciales ellas, pero sí políticas. Irán y Arabia Saudita, lideres respectivos de una y otra corriente, se disputan la hegemonía del mundo musulmán en el Golfo Arábigo-Pérsico. No hay que confundir los términos. Hay musulmanes que no son árabes -como en Irán- y árabes que no son musulmanes -como en Líbano-. En la región predominan los sunitas, pero incluso estos Estados existen importantes minorías chiitas -como en Yemen, con los hutíes, en Líbano con Hizbollah y en la propia Arabia Saudita-. Aparte de Irán, los chiitas son mayoritarios en Bahrein y en Irak. Todos los Estados musulmanes tienen regímenes autocráticos ajenos a los principios democráticos, que consideran patrimonio de los occidentales.
Un elemento que rompe la incidencia religiosa es la protección, cobertura y ayuda técnica, militar y financiera de Irán a Hamás, que es un movimiento sunita. Se ha roto la afinidad religiosa y ha prevalecido el interés político de Irán. Para éste, la bestia negra es Israel, al que quiere borrar del mapa. Hasta ahora no se había atrevido a enfrentarse con él directamente porque detrás suyo está EEUU, y por eso recurría a sus “proxies» Hizbollah, Hamas y los hutíes. Tras el ataque combinado de Israel y de EEUU, Irán ha saltado esa barrera y éste no solo ataca a sus agresores, sino también a todos los Estados del Golfo, que son aliados de EEUU, incluidos algunos como Qatar y Omán, que mantenían relaciones con el régimen de los ayatolas e incluso actuaban de medidores entre los beligerantes. El conflicto ha dejado de ser una cuestión primordial y predominantemente religiosa.
(CG): ¿Hasta qué punto las grandes potencias han dejado de sentirse vinculadas por el Derecho Internacional cuando entra en conflicto con sus intereses estratégicos?
(JAY): El epítome es EEUU, que no es el primero, pero sí el de más transcendencia al ser el país más poderosos de la tierra. Siempre ha prevalecido el poder, pero antes se disimulaba y se buscaban excusas, como en el caso del bombardeo de Kosovo por la OTAN, que se justificó por las violaciones de los derechos humanos por parte de Serbia. Ahora ya ni se molestan. Dicen que actúan para salvaguardar su seguridad, afecte o no al Derecho internacional “quo nominor Leo” –“porque me llamo León”-.
Antes lo ha hecho Rusia con sus ataques a Georgia y a Ucrania, y sus amenazas a países vecinos, incluidos miembros de la OTAN. También lo hace China, aunque de forma hábil y con una política fundamentalmente económica, pero al mismo tiempo con una exhibición de poder y un incremento de su potencia militar creciente. Ha tenido la habilidad de presentarse como defensora de la libertad de comercio, y tiene una presencia destacada en África y en Iberoamérica. Realiza una competencia desleal que favorece su competitividad. Cualquier empresa occidental tiene que pagar elevados salarios a sus empleados, pero China apenas paga a sus empleados y puede dar créditos blandos a través de sus bancos estatales. Ha llegado a controlar parcialmente el canal de Panamá con la presencia en el mismo de empresas suyas.
(CG): En conflictos como el de Irán o Gaza, ¿qué margen real tienen las normas jurídicas frente a la lógica de poder?
(JAY): Gaza es un caso extremo donde se ha puesto en evidencia la interpretación que hacen las potencias del Derecho Internacional, que ignoran cuando no les interesa. Partiendo de una reacción legítima correcta tras el ataque del 7 de octubre en ejercicio de sus derecho a la legítima defensa de conformidad con el Derecho Internacional, después se ha excedido y realizado -y sigue realizando- una agresión continuada con ataques injustificados a la población civil, comisión de actos homicidas contra esa población y ocupación de la mayor parte del territorio de Gaza. A ello se suman la colonización de Cisjordania -cada día más “ bantustanizada”-, los bombardeos del Líbano y la ocupación del sur del país allende el río Litani.
El ataque de Hamas a Israel fue alentado y apoyado militar y financieramente por Irán en un intento de parar los efectos de los Acuerdos de Abraham -promovidos por Estados Unidos-, que llevaron al reconocimiento de Israel por parte de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Sudán y Marruecos y de evitar que lo hicieran Arabia Saudita y los demás Estados del Golfo.
Israel tenía un cierto grado de justificación en su desaforado ataque para protegerse ante un peligro existencial, pero EEUU no. Se ha visto implicado en el conflicto con Irán por su relación especial con Israel. No ha tenido un objetivo concreto determinado y ha mencionado motivos diversos como impedir que Irán se convierta en una potencia nuclear, frenar al régimen de los ayatolás y atacar con carácter cautelar para evitar ser atacado. No tenía un objetivo militar claro y ahora no sabe qué hacer para salir del atolladero en el que Netanyahu lo ha metido. Es algo similar a lo que le ha pasado a Rusia con Ucrania, porque Putin creía que las tropas rusas entrarían en Kiev en un pis-pas y quitarían de en medio a Zelenski.
Ninguna de las partes puede acusar a la otra, porque las dos violan el Derecho internacional de forma sistemática. El conflicto ha tenido una tremenda incidencia económica con el cierre del estrecho de Ormuz que ha provocado un incremento considerable del precio del gas y del petróleo y la perturbación del suministro de productos derivados como los fertilizantes o los plásticos. La situación puede empeorar si los hutíes yemenitas cumplen su amenaza de cerrar el paso por el estrecho de Bab-el-Mandeb y bloquean el tráfico por el mar Rojo. Unos y otros han provocado una crisis económica mundial que también afecta negativamente a los propios EEUU, y las elecciones parlamentarias están a la vuelta de la esquina.
Al final, todos son perdedores. La sociedad está peor que cuando comenzó el conflicto, pues el régimen iraní sigue en pie, incluso fortalecido, y no hay libertad de paso por el estrecho de Ormuz, donde Irán ha impuesto el pago de un peaje por el tánsito, lo que está prohibido por la Convención de las NU sobre el Derecho del Mar.
(CG): Un tema que ha suscitado gran debate es el reclamo que ha hecho la Administración Trump sobre Groenlandia, ¿Cómo valora las declaraciones del presidente Trump? ¿Realmente cree que son palabras vacías de contenido o existe una posibilidad real de que Groenlandia se convierta es el 51º Estado federado de EEUU?
(JAY): Siempre ha habido dirigentes autoritarios o autocráticos que han cometido barbaridades, pero han actuado con una lógica. Trump, en cambio, actúa por impulsos viscerales al margen de toda lógica, por lo que resulta impredecible. Es un caso único e inaudito que un Estado amenace a otro Estado que es su aliado con apoderarse de una parte de su territorio.
Por el artículo 5 del Tratado de Washington, los Estados miembros de la OTAN se comprometen a que, en el caso de que se produzca un ataque armado contra uno de sus ellos, los demás acudirán en su ayuda, utilizando todos los medios militares necesarios. Supongamos que Trump intenta anexionarse Groenlandia -donde ya dispone de bases militares- y Dinamarca invoca el artículo 5 ¿qué harían los demás los socios de la OTAN ante el hecho inusitado de que el agresor fuera un miembro de la Alianza y por añadidura el más poderoso e influyente? La situación sería surrealista y absurda y no creo que se llegue a ella, pero con Trump cualquier cosa es posible, por inverosímil que parezca.
En esta ocasión, la Unión Europea ha mantenido la unidad y se ha plantado ante las disparatadas pretensiones de Trump, quien parece que ha empezado a recular. Si se llegara a este escenario, supondría el final de la OTAN y la ruptura de la alianza entre EEUU y Europa.
Estado de Derecho en España
(CG): Extrapolando este escenario de crisis y deterioro institucional al plano interno, usted ha escrito en varias ocasiones sobre la delicada situación de la justicia en España. En términos generales, ¿Cómo valora la situación actual del Estado de Derecho en España y, más concretamente, la independencia del poder judicial?
Aterrizando esta problemática a casos específicos y mediáticos, ¿Qué implicaciones institucionales considera que tiene la condena del fiscal general para la credibilidad del Ministerio Fiscal y qué reformas cree necesarias para evitar situaciones similares?
(JAY): La condena del Fiscal General del Estado es un caso paradigmático de la ruptura del Estado de Derecho. El Fiscal General es nombrado por el Gobierno, que suele elegir a personas afines, pero nunca se había llegado al extremo de Sánchez de nombrar fiscal general a antigua ministra de Justicia. El poder ejecutivo ya controla el legislativo y la pretende controlar el judicial que es el último que le queda para tener un poder absoluto sobre todas las instituciones. La solución para tener un Fiscal General independiente radica en que lo elija las Cortes y que su mandato no coincida con el del Gobierno. Un fiscal que no dependa del Gobierno podrá actuar con mayor independencia. Deberían elegirse juristas acreditados conforme a criterios objetivos que trasciendan posiciones políticas.
(CG): Otro tema que ha ocupado un elevado número de titulares en nuestros medios de comunicación ha sido, sin duda, la ley de Amnistía y el pronunciamiento por parte del TC. ¿Qué aspectos del razonamiento jurídico que emplea el Tribunal Constitucional considera que constituyen una “mutación constitucional”?
(JAY): La adopción de una Ley de Amnistía claramente anticonstitucional y su condonación por el Tribunal Constitucional es otra manifestación de la quiebra del Estado de Derecho. Este Tribunal no es un órgano judicial sino un órgano político compuesto por jueces y profesores de Derecho. Es normal que los partidos políticos propongan a juristas afines, pero deberían ser competentes y, a medida que se politiza el Tribunal con la designación de antiguos ministros y de personas que han servido a las órdenes del Gobierno, disminuye la calidad jurídica de los magistrados.
En el actual Tribunal hay un exministro de Justicia, una que fue directora general de la Presidencia del Gobierno, una alto cargo de la Generalitat, otra que presidió un chiringuito socialista en Andalucía… y tiene un presidente competente, que demostró durante muchos años ser un jurista cualificado, pero que ha evolucionado y supedita su criterio jurídico a consideraciones políticas, siguiendo la línea marcada por el Gobierno.
El Tribunal Constitucional tiene competencias especializadas y precisas atribuidas por la Constitución, pero ha ampliado sobremanera sus competencias asumiendo indebidamente la función de Cámara de apelación de las sentencias del Tribunal Supremo, cuando no es un órgano judicial ordinario, sino un órgano político. Ante los excesos jurisdiccionales del Tribunal Constitucional, la única esperanza que queda es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
(CG): Otra cuestión que preocupa a la ciudadanía es la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de nuestros representantes políticos. Uno de los acontecimientos más recientes en el que este fenómeno se ha manifestado de forma evidente es el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. ¿Hasta qué punto cree que la falta de responsabilidades políticas o penales erosiona la confianza en las instituciones?
(JAY): Hemos llegado a una situación en la que nadie es responsable de nada. Se produce un vergonzoso apagón total y nadie en el Ministerio de Transición Ecológica o en la empresa estatal REDEIA es responsable. Ocurre un descarrilamiento por falta de mantenimiento de las vías férreas y mueren 46 personas, y nadie en el Ministerio de Transportes ni en la empresa estatal ADIF asume responsabilidad alguna. Pese a existir un evidente fallo de explotación, no ha dimitido nadie. Óscar Puente se jacta de que España tiene los mejores ferrocarriles del mundo y de ser el mejor ministro posible. La palabra “dimitir” ha desaparecido del diccionario de la Administración Pública. Estas muestras de incompetencia e irresponsabilidad erosionan obviamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Papel de las instituciones
(CG): Llegando casi al final de la entrevista, no queríamos desaprovechar la ocasión de preguntarle acerca del papel que deberían tener las instituciones y organismos internacionales ante estas problemáticas que amenazan el orden internacional e interno.
Nos consta que usted ha sido particularmente crítico con algunas posiciones dentro de la UE. En particular, cree que el posicionamiento de actores como el del Abogado General Spielmann en temas sensibles como la amnistía, ¿fortalece o debilita la percepción de legitimidad de las instituciones europeas?
(JAY): No siempre el Tribunal respalda la opinión del Abogado General, aunque lo más corriente es que la haga. Yo espero que en este caso difiera de su opinión, porque el dictamen es paupérrimo y revela una ignorancia supina de lo que sucede en España. El TJUE tiene sentencias excelentes, pero también fiascos fantásticos. Confío en que en esta ocasión toque la de cal y el Tribunal dicte una sentencia justa.
(CG): Trasladando esta cuestión al ámbito de Naciones Unidas, usted ha defendido su importancia pese a sus evidentes limitaciones de carácter político, en gran parte debido al poder de veto atribuido al Consejo de Seguridad, ¿Cree que en un futuro próximo es factible acometer una reforma del sistema multilateral de la ONU para que sea realmente efectivo?
(JAY): Lamentablemente no, porque existe el derecho de veto, que era una de las piezas claves de la Carta de San Francisco. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Comunidad internacional era mucho más reducida y lo que entonces era comprensible ahora no lo es. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad han abusado de este privilegio, especialmente EEUU y Rusia, que han pronunciado el 95% de los vetos y paralizado la Organización cuando se ha tratado temas de gran relevancia política, neutralizándose mutuamente. Habría que acabar con el derecho de veto, pero eso resulta inviable porque, para lograrlo se necesita, una resolución del Consejo y los miembros permanentes no van a renunciar a su juguete.
A pesar de estas limitaciones, la ONU sigue cumpliendo una función muy importante en el ámbito técnico a través de sus agencias especializadas, aunque está totalmente bloqueada en los temas de paz y seguridad internacional. Pero incluso en el ámbito político tiene una cierta utilidad, porque es un lugar de encuentro de todas las naciones donde se puede discutir y, mientras se debate, no se pegan tiros. La ONU no tiene cura política, pero sigue siendo un instrumento útil para la cooperación internacional.
