El pasado jueves, 26 de febrero de 2026 tuvo lugar la Jornada “Libertad de expresión, desinformación y Estado de Derecho en Europa” organizada por el grupo de investigación sobre la crisis del Estado de Derecho en la Unión Europea de la Universidad CEU Cardenal Herrera en el Palacio de Colomina. Esta es una actividad que se enmarca dentro del proyecto de investigación PID2021-126765NB-100, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, titulado «Crisis del Estado de Derecho en Europa», dirigido por Susana Sanz Caballero y por Antonio Bar Cendón. En el marco de dicho proyecto, un equipo internacional formado por 15 investigadores de 6 países europeos ha reflexionado y estudiado durante los últimos cuatro años los ataques que sufre el Estado de Derecho en España, Estonia, Croacia, Italia, Polonia y Hungría, así como en la UE en general.
La catedrática de Derecho Internacional Público Susana Sanz Caballero, líder del grupo de investigación de la CEU-UCH, hizo mención de un nuevo proyecto de investigación financiado por la Generalitat Valenciana que les ha sido concedido para investigar la relación entre el declive del Estado de Derecho y las amenazas híbridas, y señaló en su presentación que: “Debatiendo en el seno de nuestro de grupo de investigación nos dimos cuenta que un factor clave era la desinformación de actor estatales y no estatales”.
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La jornada comenzó con la presentación de la base de datos que analiza la cobertura mediática y la incidencia en la prensa española de términos asociados al concepto de Estado de Derecho. La presentación corrió a cargo del profesor colaborador del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad CEU UCH, Carlos González Tormo, y la herramienta ha sido desarrollada en el seno del grupo de investigación que lidera la Dra. Sanz.
Esta base de datos comprende desde 2019 a 2025 y permite apreciar cambios como el que desde 2024 se ha producido en la prensa española, dado que cuestiones como los casos de corrupción o el pluralismo de medios se relaciona por parte de esta con la crisis del Estado de Derecho. En este sentido, también hasta 2024 los derechos humanos constituían un tema aislado, mientras que ahora su tratamiento es más estructural y se emplea junto al tratamiento de la guerra o los conflictos armados por los medios de comunicación.
La primera mesa redonda se desarrolló bajo el título “Pluralismo mediático y captura informativa. Aspectos jurídicos y regulatorios”, la cual fue moderada por el Dr. Jorge Cardona, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia, quien adujo que: “La captura informativa es la distorsión estructural del espacio público y la desinformación estratégica cuando es promovida por actores estatales o pan estatales con fines políticos”. Resaltó la importancia de hacer converger la libertad de expresión, la integridad del espacio público y la soberanía. Finalmente, formuló la siguiente pregunta para dar inicio al debate intelectual entre los ponentes: “¿Cómo proteger la democracia sin debilitar el pluralismo?”.
Irene Roche Laguna, Jefa de Unidad en la Comisión Europea, responsable de la coordinación y cumplimiento normativo del Reglamento de Servicios Digitales y del Reglamento de Mercados Digitales, centró su intervención en “el marco normativo europeo: Digital Services Act, European Democratic Action Plan, UE, la Media Freedom Act y los límites a la libertad de expresión”.
Como especialista en la materia pudo relatar de primera mano cómo es la aplicación de la normativa europea. “En el momento en el que empezamos a trabajar en el DSA, la Carta de Derechos Fundamentales se aplicaba de forma vertical. Sin embargo, el TJUE ya lo había empezado a aplicar en horizontal.” Estos mecanismos tienen impacto y cada vez en las plataformas son más frecuentes las decisiones de moderación de contenido. Muestra de ello es que desde la primera mitad de 2025 se han reunido 9 mil millones de decisiones de moderación de contenido, de las cuales 99% se toman en base a los términos y condiciones de moderación de contenidos de las plataformas, pero no son decisiones impuestas por una autoridad pública, tal y como señala Irene Roche.
Respecto a las preguntas sobre quién censura internet, la experta responde que son las plataformas. Las plataformas son responsables del contenido, pero el Digital Service Act (DSA) trata de que no tenga responsabilidad sobre el contenido y que su función se centre en la organización del mismo, obligación que impone el propio DSA.
Los algoritmos también influyen en procesos electorales nacionales y europeos. Si bien en 2024 se mejoró el etiquetado de deepfakes en las elecciones europeas, reduciéndose así la incidencia de contenido inventado por sistemas de inteligencia artificial. Tal y como señaló la jefa de Unidad de la Comisión, son los algoritmos los que en última instancia determinan el contenido que llega al usuario, algo que contribuye enormemente a acentuar el fenómeno de la captura mediática.
Jaume Suau Martínez, investigador principal de DIGILAB: Media, Strategy and Regulation, Institut de Investigación en Comunicación y Relaciones Internacionales, Blanquerna de la Universitat Ramón Llull, en su intervención, titulada “La situación de la desinformación en Europa, ¿Qué instrumentos han funcionado y cuáles no?”, planteó la importancia de la integridad de la información y la implicación del pluralismo mediático atendiendo a sistemas transparentes y a un entorno pluralista.
El ataque a la necesaria integridad de la información puede producirse no solo a través de la desinformación y los discursos de odio, sino también mediante la generación de ruido informativo. Resulta preocupante “cuando se establece o se facilita que la gente deje de creer en ámbitos compartidos de la verdad”.
El Dr. Suau señaló la necesidad de establecer estándares que permitan medir la confianza en la calidad de la cobertura informativa. Asimismo, es posible identificar cómo distintos contenidos hacen referencia a una idea concreta para estudiar el impacto de la desinformación y analizar cómo estas narrativas afectan a la opinión pública.
Ante esta situación Jaume Suau aboga por el planteamiento responsable de la ciudadanía acerca del origen de la información que se recibe, al mismo tiempo que resalta la importancia de los medios tradicionales para combatir los medios de desinformación. Finalmente, el ponente señala que la iniciativa legislativa podría contribuir a la regulación de la desinformación, aunque para ello sería necesario un consenso político que evite posibles formas de censura.
Por último, el Dr. Carlos Espaliú Berdud, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU Fernando III, concluyó la primera mesa redonda tratando “La lucha de la Unión Europea contra la desinformación patrocinada por Estados extranjeros”. Así, en primer lugar, apuntó a que la manipulación de la información no es algo novedoso y que puede ser utilizada con fines económicos, políticos, e incluso militares, suponiendo un mal enorme cuando reviste la forma de campaña de desinformación. Definiendo la desinformación como: “La difusión orquestada de noticias falsas a través de canales de televisión, periódicos o redes sociales con el fin de alcanzar un beneficio económico, político de una persona o un Estado”.
A través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Dr. Espaliú realizó un recorrido sobre el tratamiento de la desinformación, basado en el respeto a las opiniones y en la posibilidad de debatir sobre la información y sobre la posible falsedad de los contenidos a los que está expuesta la ciudadanía. Ante el uso de la desinformación como amenaza híbrida, Espaliú mencionó algunos estudios, aduciendo a que “nuestros medios de comunicación se han convertido en un campo de batalla geopolítico”.
En este sentido, Carlos Espaliú hizo una distinción histórica entre la guerra de papel combatida por la UE mediante mecanismos de soft law y el cambio de paradigma a partir de 2022 y la aplicación del hard law. “La UE en 2022 crea la brújula estratégica que es un documento clave”, proponiendo una caja de medidas mucho más rígida para luchar contra las campañas de desinformación extranjera.
El ponente señaló que una campaña de desinformación de gran magnitud, capaz de provocar consecuencias graves como un genocidio o una secesión, podría llegar a considerarse un ataque armado. Asimismo, apuntó que, aunque hoy en día resulta difícil imaginar una campaña dirigida exclusivamente contra la UE, en caso de que se produjera la Unión no podría defenderse directamente; sin embargo, los Estados miembros sí podrían hacerlo recurriendo a la cláusula de asistencia mutua prevista en el artículo 42.7 del Tratado de la UE. Finalmente, destacó que la respuesta de la Unión frente a la desinformación ha evolucionado desde instrumentos de carácter más flexible hacia un marco regulatorio más sólido, si bien su eficacia depende de la cooperación entre instituciones, actores privados y la ciudadanía.
La segunda mesa redonda sobre“Desinformación como amenaza híbrida a la democracia” fue moderada por Clara Portela, profesora titular de Ciencias Políticas en la Universitat de València y miembro del equipo de investigación que lidera la Dra. Sanz sobre la crisis del Estado de Derecho en la UE.
Leopoldo García Ruiz, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad CEU Cardenal Herrera y miembro del grupo de investigación, aludió respecto a las amenazas híbridas que “cualquiera que tenga interés en el discurso puede acudir a estrategias de desinformación múltiples, contratar a profesionales de la prensa digital, recurrir a los memes herederos de la caricatura política clásica, los cuales se viralizan muy rápido y tiene mucha eficacia”. El Dr. García Ruiz planteó asimismo el escenario de la llamada «guerra cognitiva» como una evolución de la propaganda clásica, caracterizada por su mayor capacidad de difusión y su menor coste. En este contexto, señaló que la desinformación se ha convertido en una herramienta habitual, utilizada tanto por Estados autocráticos como por otros con sistemas políticos similares a las democracias occidentales.
Sin embargo, algunas de las medidas que se proponen son la existencia de medios libres y plurales en Europa, a fin de mejorar la transparencia de la propiedad de los medios, tal y como se propone desde el mecanismo del DSA. Dentro de las propuestas, algunas de ellas serían el garantizar el derecho a la información para poder exigir mayor transparencia, tanto algorítmica como hacia los gobernantes, estableciendo sanciones cuando se ha producido un incumplimiento reiterado, incluso con la imposibilidad de ocupar cargos públicos. Otra medida a tomar pasa por el fortalecimiento de los marcos narrativos comunes, como es el caso de la cuenta oficial del Gobierno de Francia encargada de combatir de la desinformación desactivándola y persuadiendo.
El catedrático Leopoldo García Ruiz, concluyó su intervención haciendo referencia a que la libertad de expresión nos hace vulnerables y es algo que se explota desde actores externos, pero también “hace que seamos quienes somos y defenderlo hace que seamos coherentes con nuestros valores”.
Paulina Astroza Suárez, doctora en Ciencias Políticas y Sociales (RRII), Cátedra Jean Monnet y Directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción (Chile) en su intervención titulada, “El necesario equilibrio entre seguridad, pluralismo y Estado de Derecho», afirmó que existe una rivalidad competitiva con Estados Unidos, concretamente en áreas como inteligencia artificial, datos o fibra óptica.
En este sentido, la ponente expuso algunas acciones de la Administración estadounidense en contra de la soberanía tecnológica chilena. Si bien se observan cambios estructurales, la académica afirma que: “Estamos viviendo momentos tectónicos en las relaciones internacionales”. Nos encontramos, por tanto, en una infodemia dado que disponemos de mucha información, pero al mismo tiempo no sabemos qué es verdad y que no lo es. Cabe señalar que también en la actualidad la desinformación tiene su efecto en las emociones y estas en la propia democracia, influyendo en procesos electorales. Ante esta situación, Paulina Astroza destacó la importancia de la alfabetización digital y subrayó la necesidad de no permanecer en silencio, ya que ello dejaría el espacio público en manos de quienes utilizan estos medios para difundir desinformación.
Por su parte, Marta Hernández Ruiz, profesora adjunta de Relaciones Internacionales en la Universidad Loyola de Sevilla, mencionó en relación con “La responsabilidad de las plataformas digitales”, que la forma en la que los ciudadanos percibimos la información tiene un impacto directo en nuestro comportamiento, en las elecciones.
Dentro de la Unión Europea existe una línea de actuación centrada en la lucha directa contra la desinformación, entendida como una amenaza híbrida, al tiempo que se ha avanzado hacia reformas de carácter estructural. Asimismo, diversos estudios psicológicos muestran cómo la desinformación afecta a la opinión pública, ya que el efecto de una mentira no siempre se corrige incluso cuando se intenta aportar información veraz sobre una determinada cuestión. Desde la creación del Código de Buenas Prácticas de carácter voluntario se han desarrollado herramientas contra la desinformación como la Ley de Servicios Digitales. No obstante, existen académicos y observatorios que tratan de medir el grado de implementación de los compromisos que se contemplan en la misma, por parte de las plataformas.
En cuanto a cuál está siendo la reacción a los reglamentos pertenecientes al hard law europeo para la regularización de la desinformación, es relevante su seguimiento por parte de las plataformas catalogadas como VLOPs (muy grandes plataformas en línea), para contrastar el cumplimiento de las obligaciones que han de seguir. Así, es importante el establecimiento del repositorio de anuncios a efectos de poder conocer quién financia la publicidad en las plataformas, especialmente, la publicidad política. Por ello, el Reglamento comunitario regula la transparencia y segmentación de la publicidad política.
Finalmente, durante su intervención, la Dra. Hernández expuso diversos casos tratados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea relacionados con la implementación del DSA y de otros instrumentos normativos por parte de las plataformas, especialmente de las muy grandes plataformas en línea (VLOPs). En este sentido, subrayó que “la desinformación debe abordarse desde una doble perspectiva: la lucha conjunta contra la desinformación y la defensa del Estado de Derecho”.
Por todo ello, cabe concluir que la jornada organizada por el grupo de investigación de la Universidad CEU Cardenal Herrera sobre la crisis del Estado de Derecho en la Unión Europa dio la oportunidad tanto a ponentes como al público asistente, de compartir impresiones sobre el fenómeno de la desinformación es empleado por diversos actores como factor de disuasión y en muchos casos con ánimo polarizador. Ante la presencia de nuevas amenazas híbridas contra la estabilidad del Estado de Derecho, además de ofrecer una perspectiva crítica sobre la desinformación, los expertos coinciden en el ejercicio por parte de la ciudadanía de preguntarse para prevenir los efectos de la desinformación: quién me cuenta esta información, cómo me la cuenta y por qué me la cuenta.
