¿Qué sistemas de protección de los derechos humanos y del Estado de Derecho existen en el continente europeo? ¿Cuáles son los requisitos para presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Son dichos requisitos muy diferentes a los que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué tipo de protección otorga la Carta Social Europea? ¿Por qué los tratados constitutivos de la actual UE no previeron la protección de los derechos humanos ni de los valores democráticos? ¿Cuáles son los principales ataques a la independencia judicial en los países europeos y en los de Hispanoamérica? ¿Y a la libertad de prensa? ¿Y a la acción de las ONGs?
Estas son algunas de las cuestiones que se trataron en el módulo que impartió la profesora Susana Sanz Caballero a jueces y magistrados de México y Guatemala en la sede de la Facultad de Giurisprudenza de la Univesità degli Studi de Perugia los días 18 y 19 de junio de 2024.
Organizado en el marco del curso de formación continua de jueces iberoamericanos “Desafíos de la protección multinivel de los derechos humanos” y dirigido por los catedráticos de la Universidad de Buenos Aires Dr. Calogero Pizzolo y el de la Universidad de Perugia Dr. Fabrizio Figorilli, el módulo impartido por Susana Sanz fue el dedicado al sistema europeo de protección de los derechos humanos y del Estado de Derecho.
En el marco de este curso de formación continua para jueces, los también miembros del equipo de investigación del Ministerio y la Generalitat Valenciana sobre la crisis del Estado de Derecho en Europa que se dirige desde la UCH CEU, D. Roberto Cippitani de la Universidad degli Studi di Perugia y Valentina Colcelli del Centro Nacional de Investigación italiano, impartieron el módulo sobre la tutela de los derechos humanos frente a la evolución de la ciencia y la tecnología.
Los tres miembros del equipo han sido profesores de este curso de formación desde su primera edición hace más de diez años. A este curso de actualización son invitados jueces y magistrados de toda Iberoamérica y en años anteriores han participado también miembros del poder judicial de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Honduras, Perú y El Salvador, entre otros países.
