Leopoldo García Ruiz, Profesor Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad CEU Cardenal Herrera y miembro del proyecto de investigación que lidera la Profesora Susana Sanz sobre la crisis del Estado de Derecho en la UE, ha participado en el Tercer Congreso de Filosofía del Derecho para el mundo latino, celebrado en la ciudad de Querétaro (México).
La Asociación de Filosofía del Derecho para el Mundo Latino (I-Latina) ha celebrado en Querétaro (México) entre el 28 junio y el 1 julio de 2023 el III Congreso de Filosofía del Derecho para el Mundo Latino, «Populismo, democracia y Estado de Derecho». A la organización del evento han contribuido asimismo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
El Congreso ha tenido como objetivo la búsqueda de un espacio de reflexión en el que vertebrar una “filosofía regional”, visibilizando la importancia que desde el prisma de distintos países se concede a la filosofía y la teoría jurídica, y analizando los problemas comunes, las peculiaridades y las diversas formas de incidir en nuestra cultura jurídica compartida y nuestras instituciones.
En este sentido, el Congreso ha alojado distintas ponencias y comunicaciones en las que expertos y académicos han abordado temas relacionados con los derechos humanos, el constitucionalismo y la Filosofía del Derecho, así como algunas cuestiones de actualidad como la pandemia de la COVID-19 y los cambios globales que, desde el punto de vista del derecho y la filosofía jurídica ésta ha ocasionado, incidiendo especialmente en el auge de movimientos populistas que hacen tambalear los cimientos de los Estados sociales y democráticos de Derecho.
Ha sido precisamente en el marco de este último campo temático donde ha tenido lugar la intervención del Prof. Leopoldo García Ruiz, con una comunicación titulada «Desinformación, información errónea y limitaciones a la libertad de expresión durante la pandemia de COVID-19: un examen crítico».
En ella, el Profesor reflexiona en torno a la desinformación y la información errónea en redes sociales, a partir del análisis de las estrategias desplegadas en la última década para luchar contra tales fenómenos, y de la respuesta institucional que ha generado esa lucha en el marco de la reciente pandemia de la COVID-19. Por último, el Prof. García ofrece un examen crítico de dicha respuesta, con la mente puesta en la defensa de la libertad de expresión en el escenario postpandemia que se abre ahora ante nosotros.
El Prof. García Ruiz empezó su intervención aludiendo a la crisis del Estado de Derecho como contexto explicativo del decaimiento del derecho a la libertad de expresión y de otros asociados a él como las libertades de pensamiento y opinión, el derecho a difundir y recibir información, y la trasparencia de los poderes públicos. A su juicio, el respeto del Estado de Derecho a nivel global lleva ya un tiempo sin ser óptimo, y la respuesta política y jurídica a la pandemia de la COVID-19 no ha hecho más sino agravar la situación. Esa crisis habría venido propiciada en gran parte por factores como el auge de los populismos, la erosión del principio de separación de poderes, los procedimientos de emergencia a la hora de elaborar las leyes o las crecientes dificultades para ejercer un adecuado control constitucional sobre ellas.
A continuación, pasamos a realizar un repaso general de las cuestiones que el Dr. García ha abordado en su exposición.
1.El fenómeno de la desinformación
En primer lugar, el Profesor García ha realizado una distinción conceptual entre desinformación en sentido estricto (disinformation), información errónea (misinformation) e información maliciosa (malinformation). La desinformación alude específicamente a la creación y difusión masiva de informaciones falsas o engañosas a sabiendas de que lo son, con la intención de engañar a sus receptores. En el caso de la información errónea, el emisor traslada al receptor información falsa pero lo hace inconscientemente, sin voluntad de engaño, mientras que la malinformation incluye todas aquellas comunicaciones que pretenden ofender o causar daño a otros, como es el caso de los discursos de odio o las estrategias de acoso mediático.
La desinformación por motivos políticos, ideológicos o comerciales no es, ciertamente, un fenómeno nuevo, pero el reciente auge de la tecnología digital ha hecho posible difundir y amplificar esa información falsa o manipulada a una escala, a una velocidad y con un alcance sin precedentes. El Dr. García Ruiz sostiene además a este respecto que «las redes sociales se han convertido en la actualidad en el escenario principal de las batallas culturales, propagandísticas e ideológicas», y que, entre los acontecimientos que explicarían la evolución de la desinformación online (y la lucha contra ella) en los últimos años se encuentran sucesos como el 11-S, el Brexit, la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania.
2.El papel de las agencias de fact-checking
La posibilidad y la necesidad de acceder a información veraz y contrastada en este escenario ha propiciado el surgimiento en los últimos tiempos de las agencias de fact-checking en línea. Su función principal es la verificación de los datos con el objetivo de perseguir la información falsa que está en sus bases, evitando así el potencial perjuicio que esto supone para el receptor.
Estas agencias aspiran a acreditar una información cuya difusión corre a cargo de otros, sobre todo medios de comunicación tradicionales en formato online (que suelen contar además con sus propios sistemas de verificación) y redes sociales como Facebook, YouTube, WhatsApp o Instagram). García Ruiz califica el trabajo de estas agencias como loable y hasta necesario. «El problema -reflexiona- viene cuando su celo verificador, combinado con la acción moderadora de los medios de difusión online, adquiere tonos potencialmente censores».
En este sentido, el Profesor ha recordado el papel que el Derecho Internacional desempeña al requerir que los Estados protejan el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir cualquier tipo de informaciones o ideas, con independencia de su contenido y veracidad o imparcialidad, dado que hasta las opiniones controvertidas son útiles para fortalecer el vigor del debate democrático. Recordando una doctrina consolidada en este sentido, recuerda que los únicos discursos objetiva y radicalmente rechazables serían aquellas formas de discurso objetivamente sancionables por ley, como la apología de la guerra o del odio cuando constituye una incitación directa a la violencia, entre otros.
3. La crisis informativa asociada a la pandemia de COVID-19
Otra cuestión que el Profesor ha querido abordar durante su participación en el Congreso celebrado en Querétaro ha sido la lucha contra la desinformación y la información errónea en el contexto de la pandemia de la COVID-19. A este respecto ha hecho notar cómo el esfuerzo de las autoridades para proporcionar a la población fuentes fiables de información ha sido muy meritorio, si bien la ejecución concreta de los principios trazados por las institucionales internacionales ha sido en muchos casos, deficiente.
El Dr. García ha analizado la respuesta coordinada de organismos internacionales, Estados y asociaciones, a la hora de hacer frente simultáneamente a la lucha contra la infodemia asociada a la COVID-19 y a los graves ataques a la libertad de expresión y prensa en determinados países bajo el pretexto de la pandemia. Así, se ha referido a la orientación dada por instituciones como la ONU, el Consejo de Europa o la Unión Europea. En este sentido, el Profesor ha ofrecido, a modo de ejemplo, distintos mecanismos de los que se han valido estas instituciones para recordar y reivindicar la importancia de velar por la libertad de expresión y potenciar unos medios de comunicación libres, independientes y diversos. Y ello sin olvidar que la responsabilidad directa en el control de la pandemia y de la lucha contra la desinformación que generaba correspondía a los Estados. Mientras que autocracias como Rusia, China e Irán optaron por restringir el acceso a internet y persiguieron a los periodistas, en los Estados democráticos, en cambio, ese control no se hizo contra los medios y las plataformas y los medios sino a través suyo.
A la pregunta de si a propósito de esa lucha contra la desinformación y a información errónea en durante la pandemia existió moderación de contenidos o más bien censura, el Profesor García responde que «donde la supresión de ciertas informaciones legítimas respondió a instrucciones más o menos veladas del poder político, hubo censura sin duda alguna». Aunque los casos más sonoros empezaron en Estados Unidos, donde se suprimieron injustificadamente publicaciones online de reputados especialistas, en Europa también ha habido casos en los que miembros de la comunidad científica y académica, oponiéndose a medidas tales como los confinamientos generalizados o las políticas de vacunación, han sido objeto de desacreditación, tanto dentro como fuera de Internet.
4. Reflexiones finales
El Dr. García finalizó su intervención con una reflexión final en la que apunta que, aunque en situaciones de grave riesgo para la salud y seguridad públicas como ha sido la ocasionada por la pandemia de la COVID-19, las autoridades pueden y deben demandar el cumplimiento de sus políticas sanitarias y contrarrestar la circulación de rumores infundados, no deberían sin embargo atribuirse una infalibilidad científica que no poseen, así como tampoco vetar las discrepancias entre expertos.
«En situaciones como esta, en la que la primera víctima es la libertad de opinión y expresión de los disidentes, es necesario fortalecer la protección jurisdiccional de la libertad de expresión para poder recuperar un debate abierto y franco» -afirma el Profesor Leopoldo García-.
