Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es Abogada del Estado en excedencia y socia del despacho GC Legal. Además, es Secretaria General de la Fundación Hay Derecho, una entidad comprometida con la defensa del Estado de Derecho, la calidad democrática y el fortalecimiento de las instituciones en España. Igualmente, es co-editora del blog «¿Hay Derecho?» y su participación en múltiples congresos y foros de debate la posicionan como una voz autorizada en la defensa de los valores democráticos.
En esta entrevista, tratamos cuestiones fundamentales para el presente y el futuro del Estado de Derecho en España. Abordamos temas como la separación de poderes, el impacto del uso abusivo de los decretos leyes, la independencia del Ministerio Fiscal, y los desafíos derivados de la fragmentación parlamentaria y el bloqueo institucional. Igualmente, tratamos la percepción públicas sobre la justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las implicaciones de la reciente Ley de Amnistía y el papel de la Comisión Europea en la promoción de estándares democráticos en España.
De esta manera, Elisa de la Nuez nos ofrece un diagnóstico preciso invitándonos a reflexionar sobre el papel de la política, la sociedad civil y los ciudadanos en la protección del Estado de Derecho.
ENTREVISTA:
(ER): ¿Cómo evalúa la situación actual del Estado de Derecho en España en comparación con otros países europeos?
(EdN): La situación del Estado de Derecho en España ha mostrado un deterioro progresivo, como reflejan los informes recientes de la Fundación Hay Derecho (2022-2023). En el caso de España, en la Fundación Hay Derecho se trata de analizar indicadores clave como la separación de poderes, el menguante papel del legislativo, etc. que ayudan a hacer un diagnóstico del Estado de Derecho. Pero este fenómeno también se observa en otros países europeos, en general, la situación con respecto del Estado de Derecho es peor y la prueba mayor es la existencia de informes periódicos de la Comisión Europea señalando problemas concretos que atañen al Estado de Derecho.
En España, uno de los mayores desafíos es la separación de poderes. La independencia judicial, aunque a veces puede no estar comprometida de forma real, está muy afectada por la percepción pública y el debate político-mediático, donde los políticos frecuentemente acusan a los jueces. Además, está el problema del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en cuanto a su composición y forma de nombramiento amenaza gravemente dicha separación. Por último, las continuas acusaciones de lawfare por parte de los políticos a nuestros jueces no ayudan a la percepción que se tiene de nuestro poder judicial y muchas veces las respuestas de los jueces no son suficientes dada la limitación en su libertad de expresarse en el ejercicio de sus funciones.
(ER):El uso abusivo de decretos leyes es cada vez más frecuente lo que a menudo sustituye el debate parlamentario. ¿Qué impacto tiene este uso en la calidad democrática y el equilibrio de poderes en España?
(EdN):El decreto ley es una herramienta constitucionalmente excepcional que recae en el Ejecutivo y que está prevista exclusivamente para supuestos de “extraordinaria y urgente necesidad”. Sin embargo, los datos muestran que en España se ha convertido en una forma común de legislar, es decir, se ha convertido en lo ordinario. Esto es una anomalía y altera el proceso legislativo tradicional, en el que empezando por un anteproyecto se pasa por varias fases de consulta pública y revisión técnica, pues el procedimiento de un decreto ley no tiene nada que ver con un proyecto de ley.
El procedimiento del decreto ley elimina garantías importantes como el pasar por órganos consultivos como el Consejo de Estado o por consultas públicas abiertas a la ciudadanía como sí se da con un proyecto de ley. Por su parte, el Congreso solo puede validarlo o rechazarlo, sin más posibilidad. Este uso impacta negativamente en la calidad democrática, limitando el papel del legislativo como poder del Estado encargado de legislar y reduciendo las oportunidades de participación ciudadana debido a las limitaciones del procedimiento del decreto-ley. Además, desde un punto de vista técnico, las normas aprobadas mediante este mecanismo suelen ser de menor calidad.
(ER): El Ministerio Fiscal como órgano autónomo y encargado de promover la acción de justicia debería ser uno de los contrapesos de poder más importantes. ¿Cómo cree que afecta al Estado de Derecho los nombramientos recientes que vinculan la figura del Fiscal General del Estado -tanto el actual como el anterior- al Gobierno o su presunta implicación en algunos casos mediáticos?
(EdN):La situación del Ministerio Fiscal y del Fiscal General del Estado es un ejemplo claro del deterioro del Estado de Derecho. Esta institución, que debe ser autónoma y defensora del principio de legalidad, parece haberse convertido en un apéndice del poder político, como un órgano más del gobierno, especialmente cuando una exministra de Justicia ha ocupado el cargo de Fiscal General.
Esta percepción afecta la credibilidad de la fiscalía como órgano autónomo, pues se la ve como un instrumento del Ejecutivo. En definitiva, la mera apariencia de dependencia política socava la confianza pública y dificulta que el Ministerio Fiscal cumpla su papel constitucional.
(ER): Los retrasos continuados en la aprobación de los PGE han generado incertidumbre económica en repetidas ocasiones. ¿Qué consecuencias tienen estos atrasos para la gestión pública y la economía española? ¿Cree que estos retrasos son resultado de la fragmentación parlamentaria o de una falta de planificación política?
(EdN): Se pone poco énfasis en que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dentro del plazo establecido es una obligación constitucional, no una opción. Esta obligación refleja si el gobierno cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria para gobernar; cuando no existe dicha mayoría, se generan problemas como retrasos o la prórroga de presupuestos.
Es importante distinguir situaciones inevitables, como la convocatoria de elecciones o un gobierno en funciones provisional, donde la prórroga de presupuestos resulta necesaria, de aquellos casos en que esto se convierte en una práctica habitual. No solo los retrasos, sino también el incumplimiento en la aprobación, representan una anomalía desde el punto de vista democrático. En tales casos, debería considerarse la disolución de las Cortes, como ha sucedido en otras ocasiones.
Cuando estas anomalías se normalizan, tienen también consecuencias económicas, ya que los presupuestos prorrogados no están adaptados a las necesidades económicas actuales. Además, el control parlamentario de un presupuesto prorrogado es mucho menos eficaz que el de uno recientemente aprobado, lo que limita la capacidad de supervisión y ajuste a las circunstancias del momento.
(ER): ¿Cómo valora el desarrollo de las leyes que parecen tener el objetivo de alcanzar mayorías parlamentarias ya sea para conseguir una investidura o aprobar otras medidas?
(EdN): Es diferente hacer concesiones para aprobar leyes en un contexto de falta de mayoría parlamentaria que legislar exclusivamente con el objetivo de obtener los votos necesarios para alcanzar acuerdos, como en una investidura. En algunos casos, es comprensible realizar concesiones cuando no se cuenta con una amplia mayoría, pero esto debe hacerse con cuidado.
Legislar pensando únicamente en el corto plazo o en satisfacer a determinados socios puede generar riesgos técnicos importantes. Si el principal objetivo es contentar a una coalición o a un partido específico, se corre el riesgo de que la ley carezca de coherencia y ponga en peligro la seguridad jurídica, como ocurrió con la Ley del «Solo sí es sí». En estos casos, se prioriza la satisfacción política sobre la solvencia técnica de la norma.
Es fundamental que las leyes sean técnicamente sólidas y adecuadas para cumplir su propósito. Cuando se legisla de forma apresurada o reactiva, pueden surgir problemas graves que afectan la eficacia y la coherencia del marco jurídico.
(ER): Respecto a la Ley de Amnistía recientemente debatida, ¿cree que tiene encaje en nuestro ordenamiento jurídico y cumple con los estándares del Estado de Derecho?
(EdN): Es importante diferenciar entre la aprobación de una ley de amnistía general en abstracto, que sería más bien una discusión de carácter doctrinal o académico, y el caso específico de la reciente ley de amnistía. En este caso particular, se cuestiona no solo su encaje en el Estado de Derecho, sino también su compatibilidad con la Constitución española.
La ley plantea dudas significativas porque parece haberse concebido como una contrapartida política con el objetivo de conseguir unos votos para una investidura, además de haberse tramitado de manera urgente, sin la emisión de informes por parte de órganos consultivos, sin trámites de audiencia pública y sin un debate adecuado. Es una norma que, además, parece adaptarse a las necesidades concretas de una situación o de personas específicas, lo que dificulta aún más su justificación constitucional.
Sin embargo, hemos de tener en cuenta que será el Tribunal Constitucional quien tenga la última palabra sobre su validez, a no ser que haya pronunciamiento por parte del TJUE a través de cuestión prejudicial.
(ER): En un artículo suyo reciente de la Fundación Hay Derecho señala que según datos de Metroscopia para el CGPJ, el 87% de los encuestados cree que los políticos intentan influir y controlar el poder judicial, lo que afecta negativamente la imagen de España en Europa y daña gravemente la democracia. ¿Qué medidas considera necesarias para revertir esta percepción y fortalecer la confianza ciudadana en la independencia judicial?
(EdN): Lo primero y más importante es que los políticos y los medios de comunicación adopten una postura mucho más prudente al tratar temas relacionados con el poder judicial. Cuando el debate público se llena de acusaciones constantes hacia los jueces, señalándolos de actuar políticamente, y los medios amplifican estas críticas, se genera una percepción negativa que perjudica gravemente la confianza en el sistema judicial.
La situación del CGPJ no solo preocupa por su aparente politización, sino también por su implicación en debates políticos. Aunque son pocos los jueces que intervienen de manera contundente en el debate público, resulta fundamental que se mantenga una mayor prudencia. Además, las asociaciones judiciales con posicionamientos ideológicos claros contribuyen a la percepción de que los jueces están politizados, lo que daña aún más la imagen de imparcialidad del poder judicial.
Es crucial fomentar la moderación en las críticas hacia los jueces. Cuestionar resoluciones judiciales específicas es legítimo, pero generalizar acusándolos como colectivo de ser activistas políticos traspasa líneas que erosionan la confianza ciudadana.
Por otro lado, el CGPJ debería establecer parámetros claros para actuar con mayor independencia y evitar involucrarse en controversias políticas. Sin embargo, en un clima de polarización, será difícil que impere el sentido común y se logren estos avances, aunque no por ello deben dejar de intentarse.
(ER): ¿Cómo valora el acuerdo del pasado mes de junio entre PP y PSOE para renovar el CGPJ? ¿Cree que supone un cambio de dinámica en el nombramiento de los miembros del mismo?
(EdN): Lo valoré de manera positiva, ya que hemos pasado cinco años de bloqueo institucional. Aunque no es el acuerdo ideal, representa una oportunidad para avanzar hacia una transición. Hay indicios de una cierta mayor autonomía en este nuevo consejo, pero queda mucho por ver. Ahora tienen la responsabilidad de generar un nuevo proceso de nombramiento de jueces, algo que aún está pendiente. Por tanto, seguimos a la expectativa de cómo se desarrollará esta etapa.
(ER): La Comisión Europea ha recomendado que al menos la mitad de los miembros del CGPJ sean jueces elegidos por sus pares, ¿Cuál es su opinión sobre esta propuesta y cómo podría implementarse en el contexto español?
(EdN): La Comisión Europea recomienda que al menos la mitad de los miembros del CGPJ sean jueces elegidos por sus pares, alineándose con estándares europeos. Sin embargo, este sistema debe diseñarse cuidadosamente para evitar que las asociaciones judiciales monopolicen los nombramientos. Lo ideal sería garantizar que cada juez, independientemente de su afiliación, pueda participar en el proceso. Evidentemente, este sistema exigiría una tramitación y una especialización muy detallada para evitar excesos pero es la idea general. Los críticos con la selección corporativo pueden tener razón si esa selección se copa por parte de las asociaciones, lo cual debemos evitar.
(ER):Ante el deterioro percibido del Estado de Derecho en España, ¿qué medidas concretas propondría para fortalecer la independencia judicial y garantizar una justicia imparcial y efectiva?
(EdN): Más que un cambio normativo, lo que necesita el sistema es un cambio de mentalidad y cultura institucional. Los partidos políticos deben respetar las reglas y garantizar la independencia de las instituciones. La ciudadanía y la sociedad civil también tienen un papel fundamental al exigir transparencia y responsabilidad.
Además, sería útil afinar normas específicas, como el Estatuto del Ministerio Fiscal, para garantizar mayor autonomía. En última instancia, fortalecer el Estado de Derecho requiere un compromiso colectivo con el respeto al ordenamiento jurídico y la calidad institucional.
