Barbara Grabowska participa junto con otros expertos locales e internacionales en un seminario que ofrece un espacio de reflexión sobre los principales retos a los que se enfrentan los representantes de los medios de comunicación, los periodistas y los miembros de la sociedad civil en Hungría.
Desde hace varios años, Hungría se enfrenta a continuos desafíos en materia de Estado de Derecho y deficiencias en la protección de los derechos fundamentales. Siendo objeto del foco de atención de la Unión Europea y enfrentándose a varios recursos de incumplimiento interpuestos por la Comisión Europea ante el Tribunal de la Justicia de la UE, ha sido junto a Polonia, uno de los países en ser objeto del mecanismo de condicionalidad que permite restringir la concesión de fondos europeos para proteger el presupuesto de la Unión frente a las consecuencias de la vulneración de los principios del Estado de Derecho.
Uno de los principales retos que enfrenta el país es la protección de la libertad de expresión y el pluralismo de medios, resultado de la adopción de medidas restrictivas como la llamada «ley de protección de la infancia»; que limitaba el acceso a material escrito sobre temas LGTB+, hasta el uso de redes de inteligencia y medios de comunicación progubernamentales.
En este sentido, la clínica sobre el Estado de Derecho (RoL Clinic) perteneciente al Instituto de la Democracia de la Universidad Centroeuropea (CEU) de Budapest, de la que es Directora Barbara Grabowska, ha organizado en colaboración con relevantes instituciones como Transparency International Hungary y el Justice Defenders Program perteneciente al Center For Human Rights de American Bar Association, un seminario que ha contado con la participación de expertos en la materia para reflexionar sobre los retos para la libertad de expresión en Hungría.
En el evento se ha reflexionado sobre el desafío más reciente en el panorama húngaro en materia de libertad de expresión y medios, como es la adopción de una ley de «protección de la soberanía nacional» que otorga al gobierno discrecionalidad ilimitada para investigar a las organizaciones de la sociedad civil y a otras personas que el gobierno húngaro considere que participan en actividades políticas «influyendo en el debate democrático y en el proceso de toma de decisiones».
El seminario contó con la participación de David Kaye, el que fuera Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión y actual profesor de Derecho Internacional en la Universidad de California en Irvine, quien destacó la solidez e importancia de estos derechos así como de la soberanía popular en la protección de los mismos.
Centrándose en las consecuencias de las elecciones al Parlamento Europeo y las elecciones locales húngaras del pasado 9 de junio para el funcionamiento de los medios de comunicación libres, así como los efectos de la ley de «protección de la soberanía popular» sobre la sociedad civil, David Kaye ha celebrado la resistencia húngara y el importante papel que desempeñan las organizaciones e individuos húngaros comprometidos con la defensa de los derechos fundamentales.
A la intervención del Profesor Kaye le ha seguido una mesa redonda moderada por Benjamin Novak, antiguo reportero en The New York Times, en la que varios expertos académicos como Fernanda Nicola, Miklos Ligeti, Andras Kaglar, Bea Bodrogi, Dimitry Kochenov y Barbara Grabowska, han reflexionado sobre las amenazas que enfrenta la libertad de expresión en Hungría.
En concreto, Barbara Grabowska ha reflexionado sobre la cuestión de si los valores son sólo una parte bonita de los Tratados de la UE o si son ley, en cuyo caso, hay que hacerlos cumplir. En esta labor, -afirma-, «el tiempo es un factor crucial». Además, ha mencionado que la esperanza de éxito depende de los actores y que, en esta tarea, la Comisión no es ni debe ser el único actor; si no que necesita saber qué está pasando en Hungría y, para ello, los académicos y las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel fundamental.
Asimismo la Dra. Grabowska ha recordado a las víctimas del programa espía Pegasus que el anterior gobierno polaco puso en marcha para interceptar comunicaciones en el escenario electoral del país en 2019.
Finalmente, la investigadora ha querido aludir al reciente caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el que ha participado como demandante en un tema relacionado con la vigilancia privada en Polonia, y de la importancia de que el actual Ministro de Justicia polaco Adam Bodnar hiciera una declaración pública afirmando que iba a implementar la sentencia, algo que sin duda, supone un gran avance en comparación con el anterior ejecutivo polaco.
Los créditos de la imagen pertenecen al CEU Democracy Institute de Budapest y al Justice Defenders Program de la American Bar Association.
