Del 24 al 26 de septiembre de 2025, la Universidad San Pablo CEU (Madrid) acogió las XXXI Jornadas Ordinarias de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales (AEPDIRI) bajo el lema “La Justicia en un Mundo Global: Tribunales y Sociedad Internacional”. Más de 230 participantes se dieron cita en un encuentro que, desde su inauguración, estuvo marcado por la reflexión sobre el papel de los tribunales en la defensa del Derecho Internacional y del Estado de Derecho.
La sesión inaugural, en la que se rindió homenaje a la profesora Concha Escobar Hernández, contó con la intervención de autoridades académicas y de la presidenta de la AEPDIRI. En su intervención, José María Beneyto destacó la necesidad de “racionalizar los conflictos políticos a través del Derecho”, subrayando la importancia de la presión de la sociedad civil ante la ausencia de mecanismos coercitivos eficaces en el plano internacional.
La conferencia inaugural fue impartida por Juan Manuel Gómez-Robledo, juez de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Subrayó el creciente recurso a la CIJ como mecanismo de solución pacífica de controversias, recordando casos recientes como Sudáfrica contra Israel o Nicaragua contra Alemania. Puso de relieve la importancia de las opiniones consultivas, aunque no vinculantes, contribuyen a consolidar estándares internacionales en materia de obligaciones erga omnes y de protección de bienes comunes como el medio ambiente. Su intervención reflejó una idea central: el Derecho Internacional continúa siendo un instrumento indispensable para frenar tensiones políticas y evitar la violencia, a pesar de sus límites estructurales.
Las primeras sesiones giraron en torno a la proliferación de tribunales y su interacción con Estados y actores no estatales. El profesor Carlos Esplugues habló del “supermercado jurídico planetario” (forum shopping y forum selling) y de los desafíos que plantean nuevas áreas como la inteligencia artificial o la blockchain. Por su parte, el profesor Santiago Ripol repasó la presencia de España ante la CIJ, destacando la defensa de principios esenciales como la prohibición del uso de la fuerza, los derechos de las minorías y el derecho a la autodeterminación.
La profesora Inmaculada Marrero puso el foco en la sociedad civil global como fuerza de participación y control en la gobernanza internacional. Sus aportaciones resaltaron cómo los movimientos transnacionales contribuyen a reforzar la legitimidad de las instituciones, aspecto directamente vinculado al fortalecimiento del rule of law.
Otro de los ejes de debate fue la relación entre tribunales nacionales e internacionales. La profesora Cristina Izquierdo destacó que no existe jerarquía formal entre jurisdicciones, pero sí una preferencia práctica por la aplicación de los Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales. Defendió un uso más sistemático de las cuestiones prejudiciales ante el TJUE como vía para reforzar la cooperación judicial.
Las comunicaciones también ofrecieron valiosas perspectivas: desde el papel de Eurojust, pasando por la guerra de Ucrania hasta las controversias jurisprudenciales en torno a la libertad de expresión y el TEDH, temas que evidencian la interdependencia entre justicia internacional y protección de valores democráticos.
Particular interés despertó la sesión dedicada al cumplimiento de las decisiones judiciales internacionales. El profesor Jaume Ferrer subrayó la ausencia de mecanismos eficaces para sancionar a los Estados incumplidores en el ámbito de la CIJ, en contraste con el Consejo de Europa con la expulsión de la Federación Rusa en el año 2022. En el caso de la Unión Europea, destacó el papel del TJUE y del procedimiento de incumplimiento (artículo 258 TFUE), así como las limitaciones del artículo 7 TUE, que hasta ahora no se ha aplicado ni en su vertiente preventiva ni sancionadora. Sus reflexiones apuntaron a la necesidad de repensar las herramientas jurídicas de la UE para hacer frente a los desafíos al Estado de Derecho.
En la misma línea, la profesora Ana Gascón analizó las medidas cautelares del TEDH y el declive del Estado de Derecho en Europa, apoyándose en los Informes Anuales de la Comisión sobre independencia judicial, lucha contra la corrupción, libertad de prensa y contrapesos institucionales.
La conferencia de clausura corrió a cargo de José Martín y Pérez de Nanclares, juez del Tribunal General de la Unión Europea, quien reflexionó sobre el papel del TJUE en un “contexto internacional en cambio”. Destacó los valores fundamentales del artículo 2 TUE, los mecanismos de protección del artículo 7, los criterios de adhesión del artículo 49 y la retirada voluntaria del artículo 50, pero recordó la ausencia de un mecanismo de expulsión. Subrayó la competencia implícita del TJUE para velar por el Estado de Derecho, defendiendo un uso más intenso de las cuestiones prejudiciales y los recursos por incumplimiento.
En su intervención, también resaltó la primacía del Derecho de la UE, la efectividad de las sanciones financieras y la importancia de las euroórdenes, concluyendo con una reflexión autocrítica sobre la extensión de las sentencias y el papel de la doctrina en la consolidación del proyecto europeo.
Las XXXI Jornadas de la AEPDIRI ofrecieron un espacio de debate de primer nivel sobre la función de los tribunales en la sociedad internacional y, de manera muy especial, sobre los desafíos que afronta la protección del Estado de Derecho tanto en el sistema internacional como en la Unión Europea.
Desde la CIJ hasta el TJUE, pasando por el TEDH y Eurojust, los debates evidenciaron que el imperio de la ley sigue siendo un terreno de disputa, pero también un horizonte de esperanza frente a la polarización y la incertidumbre global. En este marco, se puso de relieve la estrecha vinculación entre justicia internacional y Estado de Derecho, pues la “ley del más fuerte” —cada vez más presente en la actualidad— conduce con frecuencia a desatender las normas propias del Estado de Derecho y a que algunos Estados incumplan tanto las medidas cautelares dictadas por los tribunales internacionales como, en ciertos casos, sus propias sentencias.
En el ámbito europeo, se discutió incluso si el incumplimiento de una sentencia del TJUE podría constituir una vulneración de los valores de la Unión recogidos en el artículo 2 TUE o si cabría plantear una demanda por incumplimiento ante dicho tribunal basada exclusivamente en la violación del Estado de derecho, sin necesidad de invocar ninguna otra disposición sustantiva del Derecho de la Unión. Asimismo, se destacó la conexión existente entre polarización política y el funcionamiento de la justicia internacional.
En las Jornadas participaron los miembros del equipo Susana Sanz Caballero y Zitan Peng Hao, siendo Susana Sanz nombrada integrante del comité científico del encuentro. En dicha calidad, Susana Sanz participó en la selección de las comunicaciones que enriquecieron el debate, ayudando a configurar los paneles que conformaron las XXXI Jornadas de la AEPDIRI.
