Leopoldo García Ruiz publica la investigación “Vacunas, certificados COVID y control de fronteras: reflexiones en torno al caso Djokovic” en la Revista Chilena de Derecho
Leopoldo García, miembro de nuestro equipo de investigación, acaba de publicar en la revista jurídica internacional Revista Chilena de Derecho un estudio en el que sostiene que los Estados carecen de legitimidad para exigir la vacunación obligatoria contra la COVID-19 como medida de control de sus fronteras.
De acuerdo con nuestro compañero, “El ‘caso Djokovic’ fue un abuso y un ejemplo perfecto del enaltecimiento de la seguridad sobre la libertad, que parece imponerse de un tiempo a esta parte en nuestras sociedades”.
Se muestra de acuerdo en que los gobernantes deben velar por la salud pública y, por eso, es razonable que en las fases más agudas de una pandemia se pidan certificados para acceder a ciertos lugares o servicios o que se niegue temporalmente la entrada en un país a quien no acredite estar inmunizado.
No obstante, considera que remitirse solamente a la vacunación no sería razonable “cuando la seguridad y la eficacia comprobadas de las vacunas frente a la COVID-19, en concreto, dista aún de ser la ideal y cuando existen medios alternativos, como las pruebas PCR y la inmunización natural por recuperación de la enfermedad, que pueden demostrar que uno está libre del virus o protegido frente a él”.
“La seguridad y eficacia de las vacunas de COVID-19 justifican su administración, pero no su obligatoriedad: la inmunidad natural adquirida por Djokovic debió tenerse en cuenta”
En este sentido, el certificado digital de la Unión Europea sí permite acreditar alternativamente vacunación, diagnóstico negativo por PCR o inmunización natural, por eso Djokovic pudo competir sin problema el año pasado en otros torneos.
“Djokovic es una persona joven y un deportista profesional de élite, que hizo un legítimo cálculo de riesgo-beneficio en su momento y optó por no vacunarse contra la COVID-19, ejerciendo así su derecho a no someterse a un tratamiento médico involuntario. El tenista serbio disponía de medios para realizarse pruebas PCR con frecuencia y, además, acababa de pasar la enfermedad a finales de 2021, como atestiguaron dos paneles médicos imparciales. Más allá de cierta torpeza y contradicciones en las que incurrieron él y su equipo durante aquellos días, la inmunidad que adquirió debió bastar para dejarle entrar en Australia. Impedírselo fue irracional y acientífico, ya que, en el corto-medio plazo, la inmunidad natural frente a una enfermedad protege tanto o más que la vacuna frente a ella”.
Temporada 2023 sin obligación a vacunarse
Para Djokovic, la temporada de 2023 va a ser, sin duda, diferente. La medida que le obligaba a vacunarse contra la COVID-19 para entrar a Australia desde el extranjero dejó de estar en vigor en julio. Y otros países con exigencias similares, como Nueva Zelanda y Canadá, han seguido el mismo camino; no así Estados Unidos.
En principio, Djokovic no iba a poder beneficiarse del cambio normativo en Australia, porque su expulsión llevaba aparejada la suspensión de su visado de entrada hasta enero de 2025. Sin embargo, el pasado mes de noviembre, el nuevo Ministro de Inmigración australiano decidió revocar esa suspensión, lo que le ha permitido disputar la presente edición del Australian Open, en la que el 29 de enero obtuvo el triunfo.
En su estudio, Leopoldo García considera que la expulsión del tenista serbio fue ejemplarizante, porque el Tribunal que la autorizó no lo hizo aludiendo a su expediente médico, ni a su estatus migratorio –a los que no puso reparo– sino a que, en su condición de estrella deportiva, la presencia de Djokovic en Australia podía alentar a los movimientos antivacunas y frenar la vacunación juvenil en el país.
Nuestro compañero entiende que esos argumentos son “inaceptables” y explica que “es un ‘dime de quién estamos hablando y te diré si le castigo o no’. En este caso, argumentan que al ser Djokovic una estrella deportiva, su actitud puede influir en otros, por eso no debía entrar en el país, ni siquiera con una exención médica razonable. Esto es una grave anomalía jurídica, porque basa el castigo, primero, en su condición de extranjero –los australianos nunca tuvieron obligación estricta de vacunarse– y después, en la infracción por su parte de un supuesto deber que depende de una pura apreciación subjetiva”.
¿Declive del Estado de Derecho?
Según Leopoldo García, el ‘caso Djokovic’ está conectado con la crisis que atraviesa el Estado de Derecho en tiempos de pandemia.
“Desde marzo de 2020, estamos asistiendo en nuestras sociedades a un preocupante deterioro en la protección de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía y a un correlativo enaltecimiento de la seguridad, en detrimento de la libertad, de tono marcadamente paternalista. Ciertamente, esa deriva viene ya de antes: hay quien pone el punto de inflexión en el 11-S y en la reacción que desencadenó en su día, pero con la pandemia esa tendencia está alcanzando cotas más elevadas”.
García Ruiz, L. Vacunas, certificados COVID y control de fronteras: reflexiones en torno al caso Djokovic
Revista Chilena de Derecho, vol. 49 (3), 2022, pp. 89-108.
