La catedrática Jean Monnet de la UCH-CEU Susana Sanz Caballero, coordina el primer seminario internacional celebrado en el marco del proyecto de investigación sobre la crisis del Estado de Derecho en Europa, en el que pudo reunir a todos los investigadores del proyecto: un total de 14 expertos en derechos humanos e instituciones europeas procedentes de 5 Estados europeos.
El pasado día 2 de octubre tuvo lugar en el Palacio de Colomina el seminario internacional «La crisis del Estado de Derecho en la UE: Diagnóstico y pronóstico» que coordinó la Prof. Sanz Caballero y que contó con la organización del Ministerio y la GVA. Ambas entidades financian el proyecto sobre «La crisis del Estado de Derecho en la UE: causas, efectos y propuestas de solución jurídicas y políticas. Hungría, Polonia, Croacia, Estonia, España e Italia como casos de estudio», cuyos investigadores principales son la Dra. Sanz y el también catedrático Jean Monnet Antonio Bar Cendón.
La celebración del seminario permitió que todos los investigadores del proyecto, 5 de ellos procedentes de otros países de la UE como Italia, Croacia, Polonia y Hungría, pudieran reunirse para intercambiar los resultados de sus investigaciones y responder a dos grandes incógnitas: ¿Qué nos depara el futuro del Estado de Derecho en la UE? ¿Es posible frenar esta situación de declive democrático y crisis de valores que afronta la UE? Para ello, el encuentro de trabajo del equipo se convirtió en una jornada de reflexión que tuvo como principal protagonista el Estado de Derecho y sus respectivos ataques en cada uno de los países que son objeto de estudio de los proyectos que lidera la Prof. Sanz.
Alicia López Castellano, Vicerrectora de Investigación de la UCH-CEU, fue la encargada de inaugurar la jornada mediante un discurso en el que puso de manifiesto la necesidad de que el funcionamiento del Estado de Derecho en Europa fuese óptimo, en la medida en la que constituye la base de toda democracia. Recordó así la importancia del principio de separación de poderes para evitar los abusos de poder por parte de ciertos órganos del Estado, garantizando la existencia de poderes independientes entre sí; algo que, desafortunadamente, no está sucediendo en España ni en muchos otros países de la UE.
Asimismo, resaltó la importancia de contar con investigadores valientes que alcen la voz para denunciar las distintas situaciones de abusos de poder arraigadas a una deriva populista que ha provocado que hoy Europa afronte una crisis sin precedentes y que cuestiona seriamente los valores del continente.
La conferencia inaugural dio paso a la primera mesa redonda, que estuvo moderada por la Prof. Susana Sanz y que contó con las intervenciones de cuatro profesores expertos en temas relacionados con la situación actual del Estado de Derecho en la UE. Por orden de intervención, los panelistas fueron: Antonio Bar, Leopoldo García, Clara Portela y Carlos González.
La primera intervención la llevó a cabo el Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València y Catedrático Jean Monnet ad personam Antonio Bar Cendón. En su ponencia, el profesor Bar habló del impacto que tienen los distintos mecanismos de protección del Estado de Derecho en la UE, especialmente, el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Señaló la nula efectividad del artículo 7 como medio de defensa del Estado de Derecho, al requerir la unanimidad de los miembros del Consejo, algo que hace que su activación sea, a día de hoy, prácticamente imposible.
Además, el Dr. Bar manifestó que la actual estrategia del Consejo para frenar los ataques al rule of law, es la utilización del mecanismo de condicionalidad que permite retirar la concesión de fondos europeos a aquellos países que son graves infractores de los pilares que sustentan el Estado de Derecho, así como la respuesta y acción judicial del TJUE. En especial, hizo referencia al pacto entre Polonia y Hungría para desactivar la efectividad del artículo 7, algo que deja como único medio de acción las medidas indirectas.
En segundo lugar, Leopoldo García Ruiz, Profesor Titular del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCH-CEU, habló sobre la incidencia de la pandemia en las violaciones al Estado de Derecho, sobre todo en lo que se refiere a las medidas restrictivas de la libertad de expresión alrededor de las vacunas, el control de medios informativos por los gobiernos, y la temporalidad de las normas.
Así, el profesor García señaló que, en Estados como España, Italia o Francia, hubo una intrusión deshonesta por parte de los distintos gobiernos nacionales al intervenir los medios de comunicación, algo que restó credibilidad a la comunidad científica cuando no tenían datos definitivos que respaldaran la tesis oficial. Asimismo, mencionó que en algunos otros Estados, algunos de ellos miembros de la UE como Hungría, se aprobaron leyes de desinformación que permitieron al gobierno retener un control mucho mayor de la libertad de expresión, usando la pandemia como excusa para coartar el espectro de libertades fundamentales.
El tercer turno de palabra fue para la Dra. Clara Portela, profesora de Ciencias Políticas de la Universitat de València. En su intervención, la Dra. Portela habló sobre las sanciones en la UE ante violaciones del Estado de Derecho. En la misma línea que lo señalado por el prof. Bar, la prof. Portela señaló el medio informal e indirecto de sanción por el que ha optado el Consejo frente a Estados transgresores del Estado de Derecho: la retención de fondos europeos y la respuesta judicial del TJUE. En este sentido, hizo referencia a cómo estas sanciones informales pueden tener cierta efectividad en algunos casos, sin embargo, en la mayoría de casos, el efecto conseguido es bastante menor al deseado.
Por último, el profesor de Ciencias Políticas de la UCH-CEU, Carlos González, centró su ponencia en el perfil del diputado de extrema derecha en el entrono post-covid. Así, el Prof. González resaltó que tras la pandemia, el perfil del diputado de extrema derecha es cada vez más similar al del resto de partidos, lo cual significa una progresiva normalización de esta opción política en el entorno europeo.
Resaltó también que estos partidos, a medida que proliferan y se asocian internacionalmente, tienen acceso a una mayor audiencia, con lo que crecen en fuerza electoral y se convierten en opciones de gobierno en muchos países, llegando a ser la opción preferida de gobierno en algunos países como Hungría (Fidesz) y Polonia (PiS).
La segunda mesa redonda de la jornada continuó profundizando en la cuestión de la crisis de valores de la UE aunque, esta vez, a través del análisis de áreas específicas de ataques al Estado de Derecho en España e Italia.
Este segundo panel, que fue moderado por Almudena Del Castillo, estudiante de doctorado en Derecho y ayudante de investigación predoctoral del proyecto que la Dra. Sanz lidera, comenzó con la intervención de Nuria Hernández García, Doctora en Ciencias Políticas y profesora de la UCH-CEU.
Durante su ponencia, la Prof. Hernández habló sobre la situación de la corrupción en España, para lo cual realizó una distinción entre la situación existente antes y después de la pandemia de la COVID-19. Asimismo, explicó cómo los conceptos de «corrupción», «estado de derecho» y «democracia» están estrechamente relacionados, a la vez que puso de manifiesto que todavía a día de hoy los españoles siguen teniendo una percepción elevada de la corrupción en nuestro país, muy por encima de la media de la UE y que, el esfuerzo que realiza el gobierno español para establecer un marco de lucha efectivo, es insuficiente. Terminó su intervención apelando a la necesidad de mantener un marco de lucha contra la corrupción fuerte para proteger el Estado de Derecho y gozar de una democracia saludable, así como de utilizar métodos más objetivos para medir la corrupción a través de procesos abiertos.
A continuación, Marta Pérez Gabaldón, Doctora en Ciencias Políticas, profesora y secretaria académica de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la UCH-CEU, reflexionó sobre el problema relativo al abuso de la figura del Decreto-Ley en nuestro país, algo que debilita la calidad y transparencia de nuestro Estado de Derecho en la medida que, el uso de este tipo de regulación, únicamente previsto para situaciones tasadas de extraordinaria y urgente necesidad, implica la evasión de ciertos controles en el procedimiento de elaboración de las leyes para el Gobierno. La Prof. Pérez Gabaldón, recordó además, el problema que supone que el Tribunal Constitucional español haya flexibilizado los límites de esta figura admitiendo su uso para la regulación de materias de índole reglamentaria.
Valentina Colcelli, Doctora en Derecho e investigadora en el Consejo Nacional de Investigación italiano, explicó la situación del Estado de Derecho en Italia. En concreto, centró su ponencia en la dificultad que supone la creación de una autoridad nacional para la protección de los derechos humanos en Italia, y de cómo su creación es cada vez más esencial para el país. Recordó que, al contrario de lo que sucede en muchos estados europeos; que sí cuentan con este tipo de autoridad, Italia cuenta con varias instituciones dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos, pero ninguna de ellas parece cumplir los principios de independencia, pluralismo, eficacia y responsabilidad.
Finalmente, Roberto Cippitani expuso los problemas asociados con la protección de la libertad de prensa en Italia sirviéndose para ello del último informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho. Destacó como medidas necesarias la necesidad de realizar intervenciones más amplias, a través el refuerzo del marco jurídico italiano sobre el secreto profesional para ofrecer una protección más eficaz a los periodistas y a sus fuentes de comunicación; uno de los mayores problemas que existen en relación a la libertad de prensa en Italia, teniendo en cuenta las continuas investigaciones penales contra periodistas que menoscaban su derecho a utilizar fuentes de información óptimas y seguras.
La siguiente sesión de la jornada tuvo como protagonistas a los profesores Joaquín Marco, Manuel Martínez Sospedra y Rosa García Vilardell, en sus ponencias abordaron otros ataques al Estado de Derecho como el sistema judicial y la libertad de educación.
Joaquín Marco, Letrado de les Corts Valencianes y profesor de la UCH-CEU, habló sobre la delicada situación de la justicia en España, especialmente, sobre el gran problema que supone la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la repercusión que tiene sobre el funcionamiento del sistema judicial y legislativo español. El Prof. Marco destacó cómo la UE había puesto (en no pocas ocasiones) en sus informes anuales sobre la situación del Estado de Derecho en España, el foco de atención en el hecho de que España no ha realizado ningún avance en la renovación del CGPJ ni tampoco en su sistema de elección, algo que la Comisión considera prioritario para garantizar la independencia del poder judicial.
Concluyó que España necesita despolitizar su visión de la justicia, además de dotarla de un marco legislativo adecuado y de recursos económicos que puedan adaptarla a las necesidades de nuestro actual modelo de convivencia.
Manuel Martínez Sospedra, Catedrático Emérito de Derecho Constitucional en la Universidad UCH-CEU y ex senador, expuso cómo el peligroso declive que experimenta la justicia en España se asemeja cada vez más al modelo polaco, y explicó cómo había quedado sobradamente demostrado que el modelo del CGPJ de 1985 había dejado de ser funcional, tal y como acredita el persistente bloqueo en su renovación.
Según el Prof. Martínez Sospedra, «el problema no se halla en las personas, si no en las reglas, en el desgaste de las que hay y en el desacuerdo sobre su sustitución». Asimismo, añadió que el régimen actual del Consejo es insostenible e incompatible con los criterios europeos sobre el Estado de Derecho, algo que alentaría a la Comisión a poner en marcha un procedimiento para llevar a España ante el TJUE.
Finalmente, Rosa García Vilardell, profesora titular de Derecho canónico y eclesiástico del Estado en la Universidad UCH-CEU habló sobre el creciente problema que supone la ideología y simbología partidista en el ámbito público, así como su conflictividad en el marco educativo catalán, especialmente en referencia al ámbito universitario.
Durante su intervención, la Prof. García Vilardell, afirmó que la formación integral de la persona y el pleno desarrollo de su personalidad sólo se intuye posible en un régimen de libertades públicas y de pluralismo ideológico. En esta situación, el Estado juega un papel fundamental en el que debe regirse con exclusiva neutralidad para evitar cualquier tipo de adoctrinamiento. Además, manifestó que la ideologización en el ámbito de la educación es otra muestra de la crisis de valores morales y éticos que estamos sufriendo en los últimos tiempos, y que llevan a la debilitación de los derechos y libertades fundamentales más tradicionales.
La jornada internacional llegó a su fin con las intervenciones de tres expertos académicos procedentes de Hungría, Croacia y Polonia. Los participantes de la última mesa redonda que supuso el broche final del seminario fueron Fruzsina Gárdos-Orosz, Dario Čepo y Barbara Grabowska-Moroz.
En primer lugar, Fruzsina Orosz, profesora de la Facultad de Derecho ELTE de Budapest, habló sobre el retroceso democrático y la protección del Estado de Derecho de la UE en Hungría. Abordó todo el proceso de transición democrática de su país; desde el cumplimiento de los estándares democráticos como un alumno aplicado en la Unión Europea, hasta la delicada situación que vive ahora el país con el gobierno del primer ministro húngaro Viktor Orbán, un gobierno que está desafiando los valores sobre los que se asienta la UE.
En concreto, explicó el exceso de reformas constitucionales (en total, han sido 11 las reformas las que se han llevado a cabo en Hungría en los últimos años) y cómo estos retrocesos democráticos afectan al poder judicial, a las ONGs, a la lucha contra la corrupción, a la libertad académica o a la interferencia en la labor legislativa.
A continuación, Dario Čepo, doctor en Ciencias Políticas y profesor en el departamento de sociología de la Universidad de Zagreb, explicó las estrategias de reforma judicial en Croacia y la confianza en el poder judicial croata.
En este sentido afirmó que, aunque la situación de declive democrático en Croacia no había llegado al punto crítico de Polonia y Hungría, la confianza en las instituciones era cada vez menor debido a una falta de transparencia en sus actuaciones acompañada de ciertas situaciones de abuso de poder. Asimismo, manifestó que el hecho de que los ataques al Estado de Derecho en Croacia hayan pasado más desapercibidos que otros países de Europa del Este, se debía a que Croacia no había querido situarse en el «punto de mira» de la UE.
No obstante, el profesor se mostró optimista en que esta situación pueda revertirse e incluso mejorar, algo que debía pasar necesariamente porque sean los propios Estados los que se encarguen de reforzar y mejorar sus instituciones. La solución por tanto, debía comenzar desde «dentro» y no depender exclusivamente en la acción de la UE.
Finalmente, Barbara Grabowska, Doctora en Derecho por la Universidad de Varsovia e investigadora en el Instituto de Democracia de la Universidad Centroeuropea de Budapest, habló sobre la financiación de las ONGs en tiempos de declive del Estado de Derecho en Polonia y Hungría. Su intervención se centró en explicar cómo se va cerrando el espacio y ahogando a las ONGs en ambos países y cómo, negándoles financiación, las mismas acaban desapareciendo y dejan de ser una «molestia» para el poder.
Explicó que lo que está pasando en Polonia y Hungría es que el poder está ignorando retiradamente el cumplimiento de las normas y sentencias judiciales, y este incumplimiento está pasando impune. Asimismo, comentó la conocida sentencia que emitió el TJUE contra Hungría por el caso de las ONGs que reciben fondos del extranjero, y explicó cómo el gobierno húngaro ha buscado otro subterfugio para ignorar la norma, ya que actualmente exige a las ONGs otros requisitos igualmente abusivos.
Por último, la investigadora se mostró pesimista con el futuro del Estado de Derecho en la UE, afirmó no poder vislumbrar soluciones claras para frenar esta crisis de valores, y se lamentó de que la UE no hiciese algo más al respecto.
