{"id":6549,"date":"2020-11-13T19:56:02","date_gmt":"2020-11-13T18:56:02","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.uchceu.es\/derecho\/?p=6549"},"modified":"2021-03-02T12:59:00","modified_gmt":"2021-03-02T11:59:00","slug":"un-extrano-estado-de-alarma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.uchceu.es\/derecho\/un-extrano-estado-de-alarma\/","title":{"rendered":"Un extra\u00f1o Estado de Alarma"},"content":{"rendered":"

Ante la situaci\u00f3n de pandemia que vive el mundo el gobierno de Espa\u00f1a decreta un EXTRA\u00d1O ESTADO DE ALARMA. Interesante reflexi\u00f3n de D. Manuel Mart\u00ednez Sospedra. Catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional de la UCH-CEU.<\/a><\/strong><\/h4>\n

 <\/p>\n

\"Manuel
Manuel Mart\u00ednez Sospedra. Catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional UCH-CEU<\/figcaption><\/figure>\n

\u00bfQu\u00e9 cosa es el estado de alarma?<\/strong><\/h3>\n

El art.116.2. CE contempla el denominado \u201c Estado de Alarma\u201d. Seg\u00fan su tenor literal tal estado excepcional puede ser acordado por el Consejo de Ministros para un \u201cplazo m\u00e1ximo\u201d de 15 d\u00edas y para todo o parte del territorio nacional a trav\u00e9s de un Decreto acordado en Consejo de Ministros. Cabe pr\u00f3rroga del mismo en caso necesario, pero la misma debe ser acordada por el Congreso. Su r\u00e9gimen detallado se halla en el C.II de la L.O.4\/81 (arts. 4 a 12). El estado de alarma es un estado excepcional de naturaleza apol\u00edtica, como pone de relieve el texto del art.4. Uno de esos supuestos es precisamente:<\/p>\n

b) Crisis sanitarias, tales como epidemias\u2026<\/em><\/strong><\/h6>\n

A diferencia del Derecho de Excepci\u00f3n precedente, que se\u00a0 limitaba prever los supuestos de hecho de la aplicaci\u00f3n de las medidas de suspensi\u00f3n de derechos, su duraci\u00f3n, \u00e1mbito territorial y derechos suspendidos, pero daba un mandato en blanco en punto a medidas el sistema de la LO 4\/81 es distinto. En este \u00faltimo caso la propia ley org\u00e1nica contiene las normas de organizaci\u00f3n, determina los derechos que se suspenden y configura para cada estado excepcional un cat\u00e1logo de medidas extraordinarias de entre las cuales el decreto correspondiente debe precisar cuales se van a emplear. El cat\u00e1logo de derechos cuya suspensi\u00f3n es posible se halla en el art.55.1. Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola.<\/a><\/p>\n

\"Constituci\u00f3n
Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/figcaption><\/figure>\n

Pues bien, el citado art.55.1. CE no permite la suspensi\u00f3n de ning\u00fan derecho fundamental bajo el estado de alarma, lo que no debe extra\u00f1ar si se tiene en cuenta que el de alarma es un estado excepcional apol\u00edtico. Por ello si la ley de aplicaci\u00f3n prevista en el art.116 CE autorizara al estado de alarma para suspender derechos fundamentales ser\u00eda inconstitucional. Vicio que la vigente LO 4\/81 no tiene: el capitulo II de la ley org\u00e1nica no contiene previsi\u00f3n alguna que suponga suspensi\u00f3n de la eficacia de derecho constitucional alguno.<\/p>\n

El contenido<\/strong><\/h4>\n

Propio del estado de alarma que trae causa de una \u201ccrisis sanitaria\u201d se expone as\u00ed:<\/p>\n

Primero<\/strong>. La decisi\u00f3n sobre la declaraci\u00f3n compete al Consejo de Ministros mediante decreto(art.6.1. LO 4\/81).<\/p>\n

Segundo<\/strong>.\u00a0 El decreto debe precisar el plazo, necesariamente menor de 15 d\u00edas, y el \u00e1mbito territorial. En caso de pr\u00f3rroga esta debe ser objeto de autorizaci\u00f3n expresa por el Congreso, que fijar\u00e1, en su caso, el \u201calcance y condiciones\u201d de la misma.<\/p>\n

Tercero<\/strong>. La autoridad que administra el estado de alarma es el Gobierno (art.7 LO 4\/81), pero este puede delegar en el Presidente de la Comunidad Aut\u00f3noma:<\/p>\n

Cuando la declaraci\u00f3n afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad.<\/strong><\/h6>\n

Cuarto<\/strong>. El contenido del estado de alarma es el siguiente:<\/p>\n

a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Establecimiento de un mando \u00fanico (art.9 .1 LO 4\/81).<\/p>\n

b)\u00a0\u00a0\u00a0 Cabe configurara infracciones y sanciones administrativas por incumplimiento o resistencia (art.10.LO 4\/81).<\/p>\n

c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Medidas generales para cada estado de alarma:<\/p>\n

1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Limitaci\u00f3n de la circulaci\u00f3n y permanencia de personas (art.11 a LO 4\/81)<\/p>\n

2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Practicar requisas (art.11.b LO4\/81)<\/p>\n

3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Imponer prestaciones personales obligatorias. (art.11.b LO 4\/81)<\/p>\n

4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Intervenir empresas y establecimientos (art.11 c LO 4\/81)<\/p>\n

5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Limitar el uso o el consumo de bienes y servicios de primera necesidad (art.11.d LO 4\/81)<\/p>\n

6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ordenar el abastecimiento de productos cuando haya crisis de subsistencias (art.11. e en relaci\u00f3n con art. 4.d. LO 4\/81.).<\/p>\n

d)Medidas espec\u00edficas para los supuestos de crisis sanitaria (art.12.1.LO 4\/81)<\/p>\n

las establecidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas.<\/strong><\/h6>\n

Es decir, las contempladas por la legislaci\u00f3n sanitaria, que son las previstas en la Ley General de Sanidad y en la LO 3\/86, y, tangencialmente, en la legislaci\u00f3n sobre Salud P\u00fablica.<\/p>\n

Y nada m\u00e1s. Como la legislaci\u00f3n sectorial a la que se remite el art.12.1. de la LODES si contempla restricciones de movilidad, de apertura de establecimientos, como lo hace previendo confinamientos individualizados o no, seg\u00fan sea el caso, estas pueden ser activadas en el estado de alarma, si bien la legislaci\u00f3n sectorial no exige el estado de alarma para que las mismas puedan ser activadas.<\/p>\n

Es cierto que las citadas \u201climitaciones\u201d afectan al ejercicio de los derechos del art.19 CE ( libre circulaci\u00f3n y libertad de residencia) pero tambi\u00e9n lo es que estas libertades siempre deben ser ejercidas en el marco de regulaciones civiles ( propiedad) y administrativas que las encuadran ( y que van de la c\u00e9dula de habitabilidad al reglamento de circulaci\u00f3n), por lo que dichas \u201climitaciones\u201d no son sino un aumento puntual y transitorio de la intervenci\u00f3n administrativa. Que es lo que la legislaci\u00f3n sanitaria habilita y el estado de alarma recibe.<\/p>\n

El RD 926\/20. Un extra\u00f1o decreto.<\/strong><\/h3>\n
\"Real
Real Decreto 926\/2020<\/figcaption><\/figure>\n

La mayor parte del contenido del RD 926\/20<\/a>, que establece para todo el pa\u00eds el\u00a0estado de alarma por raz\u00f3n de pandemia, no es novedoso. Ya ha estado en vigor al amparo del confinamiento anterior, o lo ha estado sin estado de alarma y al solo amparo de la legislaci\u00f3n sanitaria desde el fin del confinamiento hasta el d\u00eda 25 del corriente. Las innovaciones m\u00e1s llamativas son las que se\u00f1ala la exposici\u00f3n de motivos III.<\/p>\n

Resulta por ello preciso ofrecer una respuesta inmediata, ajustada y proporcional, en un marco de cogobernanza, que permita afrontar la gravedad de la situaci\u00f3n con las m\u00e1ximas garant\u00edas constitucionales durante un per\u00edodo que necesariamente deber\u00e1 ser superior al plazo de quince d\u00edas establecido para vigencia de este real decreto, por lo que resultar\u00e1 imprescindible prorrogar esta norma por un per\u00edodo estimado de seis meses.<\/strong><\/em><\/p>\n

Es decir, el estado de alarma se gestionar\u00e1 mediante la \u201ccogobernanza\u201d, y aunque el decreto tiene un plazo de vida de quince d\u00edas, porque as\u00ed lo prescribe el art.116.2 CE y el art.6.2. LODES, se prev\u00e9 la pr\u00f3rroga, pero no una pr\u00f3rroga como las dadas durante la primera oleada, que fueron sucesivas de quince d\u00edas acordadas por el Congreso de los Diputados, sino una sola que multiplica por doce el plazo mencionado.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 significa La \u201ccogobernanza\u201d?<\/strong><\/h3>\n

Hallazgo ling\u00fc\u00edstico cuyo m\u00e9rito corresponde al gobierno. En que consiste no los dice el art.2. del decreto (que tiene un encabezamiento claro \u201cAutoridad competente\u201d)<\/strong>:<\/p>\n

A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente ser\u00e1 el Gobierno de la Naci\u00f3n.<\/strong><\/h6>\n

Precepto que ajusta rigurosamente a lo previsto en el primer inciso del art.7 LO 4\/81. Hasta aqu\u00ed todo claro, pero la claridad se detiene aqu\u00ed, porque, a rengl\u00f3n seguido se nos dice que:<\/p>\n

\u00abEn cada Comunidad Aut\u00f3noma y ciudad con estatuto de autonom\u00eda, la autoridad competente delegada ser\u00e1 quien ostente la presidencia de la comunidad aut\u00f3noma o ciudad con estatuto de autonom\u00eda, en los t\u00e9rminos establecidos en este real decreto\u00bb<\/strong><\/em><\/h6>\n

Y la autoridad delegada se extiende a la aplicaci\u00f3n de las medidas contempladas en los arts 5 a 11 del propio real decreto, que si se consulta con atenci\u00f3n el texto son todas las contempladas en el mismo.<\/p>\n

Dos comentarios merece esta regulaci\u00f3n:<\/p>\n

Primero<\/h6>\n

Se viene a modificar lo previsto en el arts 5 y 7 LODES toda vez que no nos hallamos ante una delegaci\u00f3n a favor del presidente de una comunidad aut\u00f3noma cuando es esta la singularmente afectada, sino una delegaci\u00f3n general a favor de todos los presidentes auton\u00f3micos al efecto de hacer frente a una pandemia nacional. Tal parece que se modifica por real decreto una ley org\u00e1nica.<\/p>\n

Segundo<\/h6>\n

A primera vista no queda claro cu\u00e1l es el rol del gobierno de la naci\u00f3n en esta \u201ccogobernanza\u201d, toda vez que la administraci\u00f3n de las medidas de urgencia que en el RD se contemplan se atribuye a los ejecutivos regionales. La \u00fanica previsi\u00f3n expresa se halla en el art.13 cuando se encomienda al Consejo interterritorial del sistema nacional de Salud la \u201cnecesaria coordinaci\u00f3n\u201d<\/strong> en la administraci\u00f3n de las medidas\u2026bajo la presidencia del Ministro de Sanidad. Tal parece como si el sr. Presidente del Gobierno y el Gobierno mismo no tengan rol alguno en la \u201cgobernanza\u201d en cuesti\u00f3n. Claro que no es as\u00ed, porque la \u201cdelegaci\u00f3n\u201d que se opera mediante un real decreto se puede modificar o suprimir por otro real decreto, y porque permanece en pleno vigor el art.9.1. LODES que fija no s\u00f3lo quien tiene la \u201cautoridad competente\u201d<\/strong> en el \u201cterritorio afectado\u201d<\/strong>, sino que la misma comprende la facultad de dictar \u201c\u00f3rdenes directas\u201d.<\/strong> Lo que se parece sospechosamente a \u201cla gobernanza es auton\u00f3mica con permiso de la autoridad competente\u201d que, mediante esta medida, se aparta de los costes de la responsabilidad directa en la administraci\u00f3n de unas medidas que, a la postre, dependen de \u00e9l. Llamarle a esto \u201ccogobernanza\u201d\u2026<\/p>\n

\u00a0Las \u201cm\u00e1ximas garant\u00edas constitucionales\u201d.<\/strong><\/h3>\n

Como ya se ha se\u00f1alado el RD 926\/20 est\u00e1 dise\u00f1ado expl\u00edcitamente para operar como un primer estadio, en el que el Gobierno dispone plenamente del Estado de Alarma durante quince d\u00edas, transcurrido el cual es preceptivo solicitar y obtener del Congreso el acuerdo de pr\u00f3rroga, a cuyo efecto el Gobierno pretende que se apruebe una pr\u00f3rroga por al menos seis meses, seg\u00fan hemos visto. Obviamente ello significa que si esa pr\u00f3rroga se adoptara y fuere constitucional, al menos prima facie,\u00a0 en lugar de doce autorizaciones parlamentarias bastar\u00eda con una sola. Para paliar los inconvenientes el propio RD, bajo la r\u00fabrica \u201crendici\u00f3n de cuentas\u201d establece un procedimiento de garant\u00eda que se describe del siguiente modo:<\/p>\n

En caso de pr\u00f3rroga, el Ministro de Sanidad comparecer\u00e1 quincenalmente ante la Comisi\u00f3n de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la aplicaci\u00f3n de las medidas previstas en este Real Decreto (art.14. RD 926\/20)<\/strong><\/h6>\n

En rom\u00e1n paladino eso significa:<\/p>\n

Primero. Que la autorizaci\u00f3n parlamentaria deviene un \u201cdar cuenta\u201d.<\/p>\n

Segundo. Que la cuenta no se rinde ante el Pleno del Congreso, como es necesario para la pr\u00f3rroga, sino ante una Comisi\u00f3n.<\/p>\n

Tercero. Que quien \u201cda cuenta\u201d no es quien tiene la \u201cautoridad\u201d, esto es el Gobierno a trav\u00e9s de su Presidente, sino quien simplemente preside un \u00f3rgano colegiado que no administra las medidas de las que tiene que \u201cdar cuenta\u201d.<\/p>\n

Cuarto. Que no hay decisi\u00f3n parlamentaria de ninguna clase sobre la administraci\u00f3n de dichas medidas, ni sobre su reforma y continuidad.<\/p>\n

No parece que estas \u201cgarant\u00edas\u201d, por muy m\u00e1ximas que se pretendan, tengan muchas posibilidades de garantizar mucho.<\/strong><\/p><\/blockquote>\n

Eso s\u00ed, si se trata de facilitar lecturas mal\u00e9volas\u2026\u2026\u2026<\/p>\n

El procedimiento administrativo bajo este estado de alarma.<\/strong><\/h3>\n

Que el r\u00e9gimen previsto por el RD 926\/20 para administrar el estado de alarma es severo resulta evidente, y que la afirmaci\u00f3n seg\u00fan la cual dicha severidad trae causa de la gravedad de la amenaza que la pandemia comporta, esta m\u00e1s que sobradamente justificada. No parece que desde la perspectiva CEDH de \u201cmedidas necesarias en una sociedad democr\u00e1tica\u201d haya mucho espacio a la cr\u00edtica: las medidas son indudablemente proporcionadas, no puede negarse su razonabilidad y, a la vista de la experiencia, es claro que son racionales con arreglo a fines. En mi opini\u00f3n las restricciones que se configuran en los arts.5 a 11 del real decreto satisfacen los est\u00e1ndares constitucional nacional y europeo.<\/p>\n

Pero la administraci\u00f3n de las medidas excepcionales que se habilitan no puede hacerse de cualquier modo, la administraci\u00f3n p\u00fablica solo puede actuar de conformidad con el Derecho, y ello supone que tiene que actuar, siempre y necesariamente, a trav\u00e9s del procedimiento o procedimientos legalmente establecidos, pues de otro modo ser\u00eda imposible prevenir el riesgo de arbitrariedad. Pues bien, el criterio del autor de este reglamento viene a ser distinto: el segundo inciso del art.5 del RD 926\/20 precisa que para dictar las \u00f3rdenes y medidas al efecto de la aplicaci\u00f3n de las medidas de excepci\u00f3n que se contemplan<\/p>\n

No ser\u00e1 precisa la tramitaci\u00f3n de procedimiento administrativo alguno.<\/strong><\/h6>\n

No hace falta largo discurso para sostener:<\/p>\n

Primero. Que el precepto en inconstitucional por razones de fondo, toda vez que la exenci\u00f3n de procedimiento en los t\u00e9rminos en que se configura no resulta compatible con la previsi\u00f3n del art.105 c) CE que exige la definici\u00f3n legal del<\/p>\n

Procedimiento a trav\u00e9s del cual deben producirse los actos administrativos.<\/strong><\/h6>\n

Obs\u00e9rvense que enunciado constitucional habla de \u201cdeben\u201d,<\/p>\n

Segundo. Que la regla que comento excluye de cumplimiento de la LOFAGE , de la del procedimiento administrativo com\u00fan, e incluso de la Ley del Gobierno a trav\u00e9s de un precepto de rango reglamentario, cuando el primer inciso del art.105 CE se\u00f1ala :<\/p>\n

La ley regular\u00e1<\/strong><\/h5>\n

Por lo que parece se puede sostener que, en todo caso, hay ilicitud por insuficiencia de rango.<\/p>\n

En consecuencia, no parece desproporcionado sostener que el mentado inciso resulta inconstitucional por partida doble: por razones de fondo al posibilitar actos administrativos al margen de los procedimientos; por razones de forma, al invadir una expresa reserva de ley.<\/p>\n

El necesario control judicial bajo este estado de alarma.<\/strong><\/h3>\n

El inciso final del apartado tercero del art.2. del decreto 926\/20 reza:<\/p>\n

\u201c\u2026ni ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n lo previsto en el segundo p\u00e1rrafo del art.8.6. y en el art\u00edculo 10.8 de la ley 29\/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa\u201d<\/em><\/strong><\/h5>\n

Lo que, traducido, significa que las medidas que se adopten no podr\u00e1n ser revisadas ni por los juzgados de lo contencioso, ni por las Salas de lo contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia. Cuatro observaciones merecen la reproducida previsi\u00f3n:<\/p>\n

Primera.<\/strong> Al no determinarse quien asume la competencia al efecto de autorizar o ratificar medidas excepcionales emanadas por y bajo el estado de alarma se genera un vac\u00edo formal. Es cierto que cabe entender que ser\u00eda de aplicaci\u00f3n, en tal caso la previsi\u00f3n del art.11 i) de la citada ley, seg\u00fan el cual la competencia pasar\u00eda a la Sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional, pero el hecho cierto es que eso no se hace.<\/p>\n

Segunda.<\/strong> La previsi\u00f3n que se comenta adolece de al menos tres vicios de inconstitucionalidad:<\/p>\n

    \n
  • Invade la reserva de ley que se sigue del art.117.3. CE.<\/li>\n
  • Vulnera el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley, del art.24.2.CE y,<\/li>\n
  • Vulnera el principio de jerarqu\u00eda normativa del art.9 CE al modificar la ley adjetiva citada mediante una previsi\u00f3n reglamentaria.<\/li>\n<\/ul>\n

    Tercera.<\/strong> La norma que aqu\u00ed se comenta comporta que los tribunales de \u00e1mbito local o regional quedan privados de la competencia que les asigna la ley, de tal modo que es un \u00fanico Tribunal, que, adem\u00e1s, no es el competente en el enjuiciamiento de los actos y normas administrativas auton\u00f3micas, el que pasa a asumir la competencia. Que ello sea compatible con el art.14.1. EAPV o el art.95 EAC o el art.37 EACV, sin ir m\u00e1s lejos, no parece evidente precisamente.<\/p>\n

    Cuarta.<\/strong> Las previsiones que se declaran de \u201cno aplicaci\u00f3n\u201d a las medidas propias del estado de alarma fueron introducidas por la disposici\u00f3n final segunda, apartados uno y dos de la ley 3\/2020 de 18 de septiembre\u2026\u2026\u2026Estabilidad legislativa sin duda.<\/p>\n

    \u00a0La duraci\u00f3n de la pr\u00f3rroga.<\/strong><\/h3>\n

    El autor del reglamento ya se\u00f1ala de entrada que ser\u00e1 necesaria pr\u00f3rroga, cosa por dem\u00e1s inobjetable porque ciertamente no es de esperar que la pandemia pueda ser controlada en el t\u00e9rmino de quince d\u00edas que se sigue del art.116.2. CE y del apartado segundo del art.6 LODES. Al efecto se\u00f1ala el segundo p\u00e1rrafo del apartado II de la Exposici\u00f3n de Motivos que la misma.<\/p>\n

    \u201cNecesariamente ser\u00e1 superior al plazo de quince d\u00edas establecido por la vigencia para la vigencia de este real decreto, por lo que resultar\u00e1 imprescindible prorrogar esta norma por un per\u00edodo estimado de seis meses\u201d<\/strong><\/em><\/h6>\n

    De hecho, el decreto nos indica que no se est\u00e1 pensando en sucesivas pr\u00f3rrogas hasta alcanzar el citado intervalo temporal, como se hizo en el caso de la primera oleada de la enfermedad, sino que se esta pensando en una pr\u00f3rroga \u00fanica por tal per\u00edodo de tiempo, baste para ello que cuando el art.14 trata de las consecuencias de la pr\u00f3rroga habla en singular y no en plural, de \u201cpr\u00f3rroga\u201d y no de \u201cpr\u00f3rrogas\u201d. Si se prescinde del fuerte aroma italiano que la, digamos sugerencia, transcrita nos hallamos ante una aut\u00e9ntica previsi\u00f3n pro futuro, que no parece muy apropiada en el texto de un decreto de quince d\u00edas de vida m\u00e1xima.<\/p>\n

    Sin duda el inciso transcrito se ha insertado en la exposici\u00f3n de motivos al efecto de manifestar la voluntad del Gobierno de evitar el calvario de las sucesivas solitudes y votaciones de pr\u00f3rroga que vivi\u00f3 entre marzo y junio del presente a\u00f1o, al tiempo que se transmite la voluntad de modificar la regulaci\u00f3n vigente al efecto de obtener un r\u00e9gimen del estado de alarma mejor adaptado al reto de la pandemia y dotado de mayor semejanza con la situaci\u00f3n jur\u00eddica existente en los pa\u00edses de nuestro entorno, en los que el equivalente funcional de nuestro estado de alarma tiene una duraci\u00f3n sustancialmente mayor, como ya se ha apuntado.<\/p>\n

    A mi juicio el Gobierno tiene raz\u00f3n en cuanto a la escasa funcionalidad del r\u00e9gimen previsto en el art.116.2. CE y en el C.II LODES cuando de hacer frente a una epidemia se trata. <\/strong><\/p><\/blockquote>\n

    Si eso se puede afirmar cuando la enfermedad tiene una letalidad muy baja excuso decir lo que se podr\u00eda apuntar si la pandemia fuere , pongamos, de una fiebre hemorr\u00e1gica, como la que asol\u00f3 a Roma a mediados del siglo III ( la \u201cpeste de S. Cipriano\u201d). Ahora bien, si de lege ferenda la propuesta me parece adecuada, el modo de tratar de instrumentarla no es adecuado, por m\u00e1s que su postulaci\u00f3n sea comprensible. El art.116.2. deja muy claro que la duraci\u00f3n \u201cm\u00e1xima\u201d del estado de alarma es de quince d\u00edas.<\/p>\n

    Por un plazo m\u00e1ximo de quince d\u00edas<\/strong><\/h6>\n

    Y ese plazo es el que puede ser ampliado y modificado mediante pr\u00f3rroga o pr\u00f3rrogas sucesivas, siempre que as\u00ed lo acuerde el Congreso, para lo cual basta una decisi\u00f3n por mayor\u00eda simple (cf.art.162 RCD). De hecho, esa exactamente ha sido la situaci\u00f3n entre marzo y junio del corriente, y el precedente, sentado por el actual Gobierno, por cierto, es que esa es la interpretaci\u00f3n correcta de los preceptos constitucional y legal: que la pr\u00f3rroga lo es por el \u201cplazo m\u00e1ximo\u201d y que si es necesaria mas de una la exigencia se satisface mediante pr\u00f3rrogas sucesivas. Corrobora esa interpretaci\u00f3n la sistem\u00e1tica: la Constituci\u00f3n y la LODES solo contemplan otra pr\u00f3rroga: para la ampliaci\u00f3n del estado de excepci\u00f3n, y cuando se prev\u00e9 que el plazo es o puede ser insuficiente o contraproducente sencillamente no se fija, como sucede con el estado de sitio.<\/p>\n

    Posible pr\u00f3rroga\u00a0<\/strong><\/h6>\n

    Como ni la Constituci\u00f3n, ni la LODES restringen la capacidad del Gobierno para variar por s\u00ed (cf. ar.10 y D.F.1\u00aa RD 926\/20), o solicitar al Congreso la variaci\u00f3n de los contenidos del estado de alarma, la pretensi\u00f3n de un estado de alarma que es doce veces superior al \u201cplazo m\u00e1ximo\u201d original no tiene que ver con dichos contenidos. Como la pr\u00f3rroga no impide la adaptaci\u00f3n a nuevas eventualidades no cabe justificar por estas una pr\u00f3rroga de mayor duraci\u00f3n. Vistas as\u00ed las cosas la petici\u00f3n de un plazo de seis meses no tiene que ver con el contenido del estado de alarma, la raz\u00f3n de tratar de imponer un mayor plazo sobre la base del debil\u00edsimo argumento ex silentio tiene que deberse a otra motivaci\u00f3n.<\/p>\n

    Y la experiencia de la pasada primavera proporciona una explicaci\u00f3n, por m\u00e1s que esta no sea agradable para el Gobierno: este puede tener y tiene serias dificultades para asegurarse de modo estable y permanente la necesaria pluralidad mayor para alcanzar la aprobaci\u00f3n parlamentaria. Es la debilidad parlamentaria del Gobierno, la dificultad que supone tener que negociar cada quince d\u00edas los votos adicionales que la coalici\u00f3n de gobierno no tiene y necesita, lo que se halla detr\u00e1s de una petici\u00f3n en cuya formulaci\u00f3n el Gobierno act\u00faa contra sus propios actos.<\/p>\n

    \u00a0\u00bfY el Presidente del Gobierno?<\/strong><\/h3>\n

    El Presidente del Gobierno es el gran ausente del RD 926\/20. <\/strong><\/p><\/blockquote>\n

    Sorprendentemente el sr. Presidente del Gobierno no est\u00e1 en el texto. No aparece en el \u00faltimo p\u00e1rrafo de la exposici\u00f3n de motivos que registra la deliberaci\u00f3n del Consejo, no figura como director del mismo Consejo ni en la adopci\u00f3n del estado de alarma, ni en la determinaci\u00f3n expresa de la autoridad competente, ni figura en parte alguna cuando se trata de las medidas que integran el contenido del estado de alarma y que el decreto pormenoriza, no est\u00e1 en la \u201crendici\u00f3n de cuentas\u201d que se asigna a un miembro del Consejo: el Ministro de Sanidad ( cf. art.14 ), finalmente no est\u00e1 en la firma del propio Decreto, que se atribuye a la Vicepresidenta Primera.<\/p>\n

    Y no cabe alegar que el Presidente estaba ausente el d\u00eda 25 de octubre, toda vez que todos los espa\u00f1oles pudieron verlo a mediod\u00eda de esa fecha en la rueda de prensa para dar cuenta del contenido del decreto, y sabemos por los medios que el texto definitivo del mismo no se fij\u00f3 hasta la tarde de ese domingo porque hab\u00eda cosas que retocar.<\/p>\n

    \n

    \u00bfPor qu\u00e9 est\u00e1 ausente el sr. Presidente del Gobierno, del decreto del estado de alarma de 25 de octubre del corriente?<\/em><\/strong><\/h3>\n<\/blockquote>\n

     <\/p>\n

     <\/p>\n

     <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Ante la situaci\u00f3n de pandemia que vive el mundo el gobierno de Espa\u00f1a decreta un EXTRA\u00d1O ESTADO DE ALARMA. Interesante reflexi\u00f3n de D. Manuel Mart\u00ednez Sospedra. Catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional de la UCH-CEU.   \u00bfQu\u00e9 cosa es el estado de alarma? El art.116.2. CE contempla el denominado \u201c Estado de Alarma\u201d. 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