Universidad CEU San Pablo de Madrid<\/a> (Marta Villar Ezcurra, Catedr\u00e1tica de Derecho Financiero y Tributario), organiz\u00f3 una jornada, estructurada en dos mesas redondas, con el objetivo b\u00e1sico de identificar los problemas advertidos por los diferentes operadores jur\u00eddicos en relaci\u00f3n a la coexistencia de las actuaciones de la Administraci\u00f3n Tributaria y las actuaciones penales dirigidas al castigo del Delito contra la Hacienda P\u00fablica. La jornada estuvo marcada por la presencia del Director General de la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria, D. Santiago Men\u00e9ndez Men\u00e9ndez.<\/p>\n <\/p>\n
Los interrogantes aparecen a ra\u00edz de las \u00faltimas reformas del C\u00f3digo Penal (2012), del t\u00edtulo VI de la Ley General Tributaria (2015), as\u00ed como las de los reglamentos de desarrollo de esta \u00faltima (2017). Con ellas, se completa el tr\u00e1nsito desde un modelo en el que primaba la prejudicialidad penal, con paralizaci\u00f3n de las actuaciones inspectoras y sancionadoras, hasta uno nuevo en el que pasan a coexistir, simult\u00e1neamente, actuaciones administrativas y diligencias penales.<\/p>\n
<\/p>\n
Los problemas que gravitan alrededor de la cuesti\u00f3n son tanto de car\u00e1cter tributario como penal y procesal. As\u00ed, se estableci\u00f3 en la mesa redonda un di\u00e1logo multilateral en el que contrastar las distintas opiniones de los operadores jur\u00eddicos. Los intervinientes fueron: D. Ricardo Olivares Juan (Fiscal Delegado de Delitos Econ\u00f3micos en la Fiscal\u00eda de Valencia); D. Carlos P\u00e9rez del Valle (Catedr\u00e1tico de Derecho Penal, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo); D. Javier Mart\u00edn Fern\u00e1ndez (Catedr\u00e1tico de Derecho Financiero y Tributario Universidad Complutense de Madrid, Socio Director de F & J Mart\u00edn Abogados); D. Joaqu\u00edn Huelin Mart\u00ednez de Velasco (Magistrado del Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso-administrativo); D. Diego Chac\u00f3n P\u00e9rez (Coordinador del \u00c1rea de Delito, Departamento de Recaudaci\u00f3n AEAT); D. Alberto Monreal Lasheras (Socio de Fiscalidad Indirecta PwC, Inspector de Hacienda en excedencia); D. Jes\u00fas Rodr\u00edguez M\u00e1rquez (Prof. Titular de Derecho Financiero y Tributario,\u00a0 Director de Pr\u00e1ctica Tributaria en F & J Mart\u00edn abogados); y D. Alberto Garc\u00eda Moreno (Prof. Titular Derecho Financiero y Tributario en la Universitat de Val\u00e9ncia).<\/p>\n
<\/p>\n
Los problemas arrancan a partir de las diferencias entre el modelo anterior y el nuevo, y las dudas respecto a la coexistencia en la actualidad de expedientes tramitados bajo un modelo y otro. A partir de aqu\u00ed se despliega un abanico de problemas derivados de la distinta naturaleza y r\u00e9gimen jur\u00eddico de unas actuaciones y otras. La prescripci\u00f3n penal es distinta de la tributaria, como tambi\u00e9n lo son sus causas de interrupci\u00f3n. Tambi\u00e9n difiere el r\u00e9gimen de impugnaci\u00f3n de los actos administrativos y de recursos en el \u00e1mbito penal.<\/p>\n
<\/p>\n
Por otro lado, otra de las cuestiones m\u00e1s controvertidas ha sido la naturaleza de la norma contenida en el art. 305 CP (Delito contra la Hacienda P\u00fablica), que determina que la presentaci\u00f3n de denuncia o querella no paralizar\u00e1 la liquidaci\u00f3n y recaudaci\u00f3n tributaria. \u00bfSe trata de una norma sustantiva penal o de una norma procesal? La cuesti\u00f3n no es banal, dada la diferencia en los criterios constitucionales que rigen la eficacia temporal de unas y otras normas. Las normas sustantivas penales deben ser valoradas a la luz del principio de irretroactividad de las normas m\u00e1s gravosas que las anteriores, mientras que las normas procesales se aplican a los procesos iniciados a partir de su entrada en vigor, con independencia del momento en que ocurriesen los hechos. La cuesti\u00f3n, que ha enfrentado a los distintos ponentes, no ha llegado a aclararse, al igual que otras muchas que evidencian la complejidad de la cuesti\u00f3n.<\/p>\n
<\/p>\n
Ha quedado latente la opini\u00f3n de que la reforma del art. 305 del C\u00f3digo Penal ha venido motivada no por razones de pol\u00edtica criminal, sino por razones de pol\u00edtica recaudatoria. Se habla as\u00ed de una \u201cadministrativizaci\u00f3n\u201d del proceso penal en relaci\u00f3n a distintos factores. Por un lado, la liquidaci\u00f3n de la cuota tributaria constituye un elemento objetivo del tipo penal, liquidaci\u00f3n realizada en sede administrativa, donde no se cumplen las mismas garant\u00edas que en el procedimiento penal . Por otro lado, se permite la adopci\u00f3n de medidas cautelares por parte de la Administraci\u00f3n Tributaria, de forma que el juez penal solo debe decidir si ratificarlas o dejarlas sin efecto. Asimismo, existe problem\u00e1tica respecto a las posibilidades de actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n tributaria frente a los copart\u00edcipes del delito (concepto penal), y si estos pueden ser calificados como responsables solidarios tributarios (concepto tributario).<\/p>\n
<\/p>\n
Estas y otras cuestiones ponen en entredicho el cumplimiento del principio de igualdad que debe regir como principio jur\u00eddico-natural del proceso. La Administraci\u00f3n, en este sentido, no deber\u00eda tener los mismos privilegios dentro y fuera de los tribunales, extendiendo as\u00ed sus potestades exorbitantes m\u00e1s all\u00e1 de lo permitido por la LGT para provocar la condena del contribuyente.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00bfC\u00f3mo se compatibiliza la obligaci\u00f3n de los contribuyentes de facilitar la pr\u00e1ctica de la inspecci\u00f3n con el derecho constitucional de todas las personas a no declarar contra s\u00ed mismas (24.2 CE)? En este nuevo modelo, los operadores jur\u00eddicos dudan acerca de la constitucionalidad de trasladar al proceso penal principios del Derecho Administrativo, como la autotutela administrativa. Tampoco queda zanjado el interrogante de si se vulnera o no el principio \u201cnon bis in \u00eddem\u201d.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00bfEst\u00e1 el C\u00f3digo Penal en este punto al servicio de la Administraci\u00f3n Tributaria? \u00bfCuenta el proceso penal con los cauces adecuados para discutir cuestiones materias de Derecho Tributario? Este nuevo paradigma, en el que la liquidaci\u00f3n tributaria no se suspende una vez iniciada la v\u00eda penal, plantea la pregunta de si nos encontramos ante una material reducci\u00f3n del derecho a la defensa y ante una relativizaci\u00f3n del art. 106.1 CE, que somete la legalidad de la actuaci\u00f3n administrativa al pleno control de los tribunales.<\/p>\n
<\/p>\n
Como en todo, tambi\u00e9n est\u00e1 la otra cara de la moneda. Este nuevo modelo trata de solventar la situaci\u00f3n anterior, en que los delincuentes fiscales gozaban de mayor comodidad al ver el retardado el ingreso de la deuda hasta que finalizara el proceso penal. A la vez, se pretende responder al cumplimiento de los objetivos de d\u00e9ficit.<\/p>\n
<\/p>\n
Finalmente, m\u00e1s all\u00e1 de toda cuesti\u00f3n jur\u00eddico-t\u00e9cnica, el Director General de la AEAT ha querido dirigirse a todos los presentes en su condici\u00f3n de ciudadanos y, en especial, a los alumnos. El Derecho Tributario, ha dicho, no es una materia sencilla, pero la educaci\u00f3n tributaria es fundamental para eliminar conductas antisociales como el fraude. El pago de nuestros impuestos tiene una repercusi\u00f3n directa en la convivencia y en la libertad que disfrutamos. Hacienda es para los ciudadanos y el pago de impuestos supone un esfuerzo de solidaridad destinado al gasto social, las pensiones, la sanidad, la educaci\u00f3n\u2026 Resulta necesario cambiar la percepci\u00f3n que los ciudadanos tienen de la Agencia Tributaria y avanzar hacia las relaciones cooperativas, que eviten la intervenci\u00f3n de los tribunales, procuren mayor seguridad jur\u00eddica al contribuyente y permitan el suministro inmediato de datos, la transparencia y la igualdad de trato de los contribuyentes.\u00bb<\/p>\n
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