Jornada de Estudio sobre Derechos Fundamentales y Libertades Públicas: una reflexión personal

El pasado día 18 de abrir la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universidad, conmemoramos el XL aniversario de la Constitución española y el LXX aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos en una jornada sobre el estudio de los derechos fundamentales y libertades públicas.

El catedrático Remigio Beneyto, impulsor de esta iniciativa, convocó al claustro de profesores de la facultad en pleno, tanto de Valencia como de Elche, así como a todos los alumnos de Derecho y Políticas para poner en común los resultados de nuestra investigación sobre esta materia, culminando en esta exitosa jornada.

El acto de apertura corrió a cargo de nuestra Rectora, Rosa Visiedo Claverol.

La alumna María Vela ha querido transmitirnos su reflexión personal sobre la jornada en las siguientes líneas:

“El miércoles 18 de abril se celebró en nuestra Universidad una Jornada de Estudio sobre Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, con ocasión del XL Aniversario de la Constitución Española (1978-2018) y del LXX Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948-2018), organizada por D. Remigio Beneyto.

La jornada se presentaba como una forma de homenajear ambos hitos, a través de la participación de numerosos profesores de ambos Campus, Valencia y Elche, en distintas mesas redondas con un mismo hilo: el estudio de los Derechos Fundamentales y las libertades públicas. Para los alumnos, la jornada ha puesto de relieve no solo la importancia de los derechos fundamentales como fundamento del orden político y la paz social, sino que ha servido para comprender las distintas posibilidades de investigación detrás de ellos desde una perspectiva multidisciplinar.

Con este planteamiento, de la mano de los profesores, expertos cada uno en su materia, los alumnos hemos sido partícipes de multitud de reflexiones, argumentos y problemáticas jurídicas relativas a los derechos fundamentales. A mi juicio, la sucesión de las diversas charlas no ha puesto sobre la mesa simplemente una serie de exposiciones estancas sobre cada uno de los derechos en particular. A la vista de todas ellas, dado que la jornada me ha servido para comprender una serie de ideas subyacentes a todas ellas, merece la pena relatar algunas.

En primer lugar, bajo mi punto de vista, aunque la Constitución solo haya sido objeto de reforma en dos ocasiones, ello no quiere decir que los Derechos Fundamentales permanezcan petrificados, sino que existen mecanismos para que estos avancen y se adapten a la realidad social. En este punto, el papel del Derecho Internacional es clave y conecta directamente con el artículo 10.2 CE. Así, La profesora Ruth Abril nos ha explicado que los derechos garantizados por la Constitución, tal y como se sigue del artículo, deben ser interpretados conforme a los tratados y convenios ratificados y, a la vez, sirven como criterio interpretativo para llenar su contenido. Por esta vía, si un convenio internacional da una protección más elevada a un derecho, debemos aplicar la normativa internacional.

La cuestión conectaba directamente con la tesis ofrecida por las profesoras Elena Juaristi y Marta Pérez, que trataron de hacernos reflexionar acerca de la naturaleza del derecho de acceso a la información pública. ¿Puede tal derecho, configurado en nuestro ordenamiento como un derecho legal ordinario, configurarse como un verdadero Derecho Fundamental? A nivel internacional y europeo, dicho derecho se vincula a Derechos Humanos como la libertad de expresión o la libertad de información, lo cual plantea el debate acerca de si, encuadrándose dentro del art. 20 CE, podría o no incardinarse como Derecho Fundamental.

Es por esta vía como los derechos recogidos en nuestra Constitución de 1978 adquieren nuevos matices y extienden su protección, y las diversas intervenciones se han podido hacer eco de ello. Ocurre también en el caso del derecho al medio ambiente. Siguiendo lo expuesto por Adela Aura, en nuestro Derecho la protección del medio ambiente se recoge en el art. 45 CE, como principio rector y, por ello, en principio no puede afirmarse que los individuos sean titulares del derecho y puedan exigirlo directamente frente a su Estado. Ahora bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido encauzándolo a través del derecho a la vida privada y familiar, quedando en un mismo sentido abiertas las puertas a la posible expansión como derecho inherente a la dignidad humana.

En unos casos, parece que la tendencia es a ampliar los confines de los Derechos Fundamentales pero, en otros, como en el derecho a la vivienda (art. 47 CE), la profesora Esperanza Ferrando ha afirmado su carácter de directriz constitucional, de modo que, a pesar de su estrecha vinculación con el desarrollo individual y social de la persona, no puede ser directamente exigible ante los tribunales, ni recurrible en amparo.

En cualquier caso, lo que no puede negarse es que los Derechos Fundamentales forman parte de los valores de la sociedad y responden al sentir social del momento. De esta forma, en el plano político, la profesora Elvira Alonso hablaba de una nueva legitimidad democrática ligada a la representatividad de la generalidad social, detrás de la cual se encuentra el respeto a los derechos de todas las personas. En el plano jurídico, hemos comprobado que la realidad social marca nuevas las direcciones a emprender en la protección de los Derechos Fundamentales, en las que el papel del Derecho Penal ha sido también objeto de debate.

Al principio de la jornada, la profesora Asunción Chazarra nos lanzaba un mensaje: ¿estamos llegando a una sobreprotección penal indeseable? Hacia el final de la jornada, de la mano del profesor Antonio López, nos interrogábamos acerca de si resulta o no adecuada la respuesta de nuestro ordenamiento penal a la hora de imponer límites a la libertad de expresión en las redes sociales.

En particular, las redes sociales y las tecnologías han sido protagonistas, pues hemos visto que la Constitución se actúa en un mundo dominado por ellas. Tanto es así que en la relación entre obligados tributarios y Administración Tributaria, en torno al deber de contribuir (31 CE), parece resultar necesario la definición de un nuevo equilibrio, por cuanto la configuración tradicional de los los derechos y garantías de los contribuyentes requiere su contraste con el control exhaustivo de datos y de los sistemas de información utilizados por la AEAT. Ante ello, decían José Pedraza e Iñaki Bilbao, ¿estaremos avanzando hacia un cambio en la relación jurídico-tributaria?

 

Finalmente, otra de las ideas que para mí ha quedado patente a la luz de las diferentes exposiciones es que la labor de los operadores jurídicos es fundamental para delimitar el contenido de los derechos, que en muchas ocasiones no está claro y entra en colisión con las situaciones que plantea la realidad.

La profesora Beatriz Hermida contaba la problemática en torno a la disparidad de criterios seguidos por el Tribunal Supremo, la Fiscalía y la Dirección General de Registros y del Notariado, a propósito de las inscripciones de la filiación de los menores nacidos a través de la gestación subrogada. La seguridad jurídica es un valor fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y no es extraño encontrar criterios jurisprudenciales divergentes en asuntos en que lo que se encuentra afectado es un Derecho Fundamental.  Para mí, la intervención de la profesora María Dolores Cano cobraba un significado similar, al discutir los distintos pronunciamientos judiciales acerca de si la falsa atribución de paternidad puede generar un daño indemnizable y si puede conectarse directamente con el derecho a la dignidad, al honor o incluso a la integridad física.

Ese mismo esfuerzo investigador por parte de los juristas se desempeña ante otras circunstancias. Unas veces, la generalidad de los enunciados, como ocurre en el caso del art. 24.1 CE, la tutela judicial efectiva, exige perfilar el contenido complejo e indeterminado del derecho y sus posibles vertientes, como afirmaba la profesora Rosa Pascual. Otras veces, el escaso desarrollo legislativo en torno a determinados derechos, como el derecho de huelga explicado por Javier García, impulsa la tarea integradora hasta que no sea el propio legislador quien resuelva la cuestión.

En definitiva, desde la perspectiva del alumno, la organización de jornadas como esta pone de manifiesto que la Universidad no es simplemente asistir a clase y hacer exámenes. Decía el profesor Remigio Beneyto que aprender a pensar y a formar un criterio es una de las lecciones fundamentales de nuestra formación universitaria. En este sentido, la celebración de la jornada nos ha permitido escuchar a especialistas jurídicos de quienes aprender que la generación del conocimiento del jurista tiene un componente ineludible de reflexión y debate. Y, lo que en mi opinión ha resultado más motivador, es el hecho de haber comprendido que el jurista desarrolla también, sin duda, una profesión creativa.”

 

 

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