Lamentaba Hannah Arendt la condición enajenante de la autonomía individual que acompañaba al trabajo productivo, irremediablemente antitética a la sola posibilidad de la política en tanto se dejara gobernar por una racionalidad de tipo instrumental, tan alejada, per se, de la capacidad de tomar la palabra, de la acción política.
El pensamiento dominante concibe la división del trabajo, en los términos de la racionalidad pragmático-teleológica, como un asunto de eficiencia, una condición constitutiva de los procesos de producción. De manera que la cooperación social se haría ininteligible sin esa prescripción. La diferenciación social es la consecuencia necesaria. Los estratos superiores lo son porque se encargan de las funciones superiores. Los individuos mejor capacitados han de ocupar las plazas que correspondan a esa exigencia. Las desigualdades sociales vienen a ser el correlato de las diversas recompensas a las competencias individuales, distribuidas de manera desigual según las necesidades y expectativas funcionales de una organización social en la que el rendimiento y la ganancia forman parte de los elementos de un conjunto presidido por las nociones de productividad y competitividad, especialmente exigentes con el trabajo de las mujeres, a la vista del peculiar reconocimiento que manifiesta la disparidad de los salarios de hombres y mujeres para las mismas categorías laborales. No es un fenómeno nuevo, claro está. Hace ya algún tiempo, hasta el mismo Aristóteles tuvo que aplicarse al desarrollo de un principio general de subordinación para justificar un tipo de dominación (también, la esclavitud, de paso), tan social y natural como la de los oïkodespotés, los dueños de la casa (en su doble condición de hombres y de propietarios de esclavos). Por lo mismo, en nuestros días, en el reparto de la precariedad y el infraempleo, se esmeran tantos creadores de consignas a la búsqueda de equilibrios distintos a los indeseables igualitaristas. No debe sorprender que las grandes magnitudes de infraempleo, precariedad y salarios de miseria discurran, de preferencia, entre las mujeres. Todo esto forma parte de un entramado de prescripciones sociales y políticas, más que meramente económicas. Es de todo punto coherente con las circunstancias de que las mujeres sean víctimas propiciatorias del riesgo de exclusión social o que ya sean las protagonistas de lo que un filósofo francés denominó el sufrimiento social (que, creo, no hace falta explicar). La infame regresión que contempla el tiempo presente hace que la racionalidad práctica choque con su propia imposibilidad.
Por mi parte, quiero aprovechar la ocasión para lanzar una propuesta que tiene que ver con la recuperación del valor de uso del trabajo (tomando como referencia el «valor tiempo»), que sustituiría al valor de cambio (esto es, removería el «valor mercancía»), y adoptaría la forma de una remuneración del trabajo doméstico familiar por la vía de las transferencias, en tanto el balance de las actividades no susceptibles de cuantificación económica, según la lógica de mercado, también produce riqueza. Una muestra: la que conlleva el cuidado de los niños y los más mayores, a los que tantas y tantas mujeres dedican los mejores años de sus vidas. ¿Que quién pagaría todo eso? ¿El sufrimiento que traen consigo la pobreza y la privación es el resultado necesario de un fatum?